Ser violentada y no acceder a justicia por el racismo en las entidades públicas, pérdida de territorio, contaminación de los bienes naturales que daña su salud y la de sus pueblos, son algunos de los hechos testimoniados en el Tribunal Ético de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Indígenas Amazónicas y Andinas en el marco del Pre FOSPA de Perú.
Esta es la tercera edición del Tribunal en Perú como parte de la Iniciativa de Acción de las Mujeres que forma parte de los procesos que impulsa el Foro Social Amazónico (FOSPA) en defensa de la amazonía y de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres en toda su diversidad, encuentro que se realiza en la selva central peruana, en la Universidad San Martín de la ciudad de Tarapoto entre el 25 y 28 de este mes, y que preludia el undécimo internacional que tendrá lugar en Bolivia en junio próximo.
Se presentaron cuatro casos de afectación a los derechos de las mujeres amazónicas y andinas por efecto del extractivismo, de las políticas públicas que no reconocen sus derechos y tampoco los de la naturaleza, sin la cual no sería posible la existencia humana.
El tribunal estuvo presidido por la lideresa indígena kichwa Marisol García e integrado por Mar Pérez, Cristina Gavancho y Laly Pinedo, quienes, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de los derechos humanos, de los pueblos indígenas, de las mujeres y del ambiente, actuaron como juezas frente a los casos.
Justicia ahora
El primer caso lo testimonió Leona Pizango, mujer kichwa de la comunidad nativa de Callanayacu, quien junto con su familia fue desalojada de su territorio ancestral con la creación del Parque Nacional Cordillera Azul.
“Vinieron los guardaparques y nos sacaron a mí, a mis hijos, a mi esposo, cortaron todas mis plantas y no nos dejaron sacar nada, ni siquiera a los animales que habíamos criado. Cuando nos hemos ido se han sacado nuestro platanal y yucal que estaba para cosechar, mientras nosotros no teníamos dónde ir ni qué comer” dijo conteniendo el dolor y la indignación.
Relató que fue reubicada en un pequeño terreno que no es suficiente para sustentar sus necesidades. “Al poco tiempo murió mi esposo y he tenido que trabajar bastante para mantener a mis hijos yo sola y hacerlos estudiar comiendo o no comiendo. He tenido que ser una mujer fuerte y derecha para hacerlos educar”, continuó.
“No nos han dado ni una yuca para comer, en nada nos ayudaron después que nos desalojaron; no nos dejan pescar ni montear, nos quitan todo… ese es mi sentimiento”, remarcó.
La comunidad de Leona Pizango es una de las 29 que en la zona del bajo Huallaga han sido afectadas por el Parque Nacional Cordillera Azul.
El segundo caso fue testimoniado por Loidy Tangoa, en representación de la demanda de mujeres indígenas de los pueblos awajún, shawi y kichwa para que las instituciones públicas cumplan con garantizar la atención de los servicios de salud, educación y justicia en su lengua originaria ante el incumplimiento persistente de las normas que así lo disponen.
“No comprendemos lo que dicen los profesionales, las que estamos aquí seguro sí, pero quienes están al fondo de las comunidades no, y por eso nos gritan, nos discriminan por no hablar el castellano. No es el trato que debemos recibir. Por eso pido al Estado que nos ponga intérpretes en cada servicio para que atiendan nuestras necesidades”, demandó.
La falta de intérpretes afecta el derecho de las mujeres que sufren violencia a acceder a justicia pues cuando acuden a las entidades del Estado a presentar su denuncia no son oídas y reciben malos tratos. Esta situación se repite en los establecimientos de salud donde no se respeta, reconoce ni valora sus saberes para la sanación y para el alumbramiento.
También explicó que si bien existe la oportunidad de que integrantes de las comunidades puedan acreditarse en el rol de la traducción, esta excluye a las mujeres porque los cursos de capacitación se brindan en temporada escolar, es decir, en tiempos y horarios en que ellas están acompañando y cuidando a sus hijas e hijos.
El tercer caso lo presentaron Gilda Fasabi y Emilsen Flores, mujeres del pueblo kukama que están defendiendo los derechos del río Marañón, en Iquitos, ante la grave contaminación producto de los derrames de petróleo del Oleoducto Nor Peruano. Su defensa ha logrado una sentencia favorable en primera instancia y se espera el fallo de la Corte Superior para el próximo 09 de mayo.
“Defendemos nuestro río Marañón porque debido a la contaminación las mujeres y nuestros hijos estamos pasando muchos problemas de salud porque sus aguas están contaminadas”, pronunció Fasabi.
Nuestros hijos se enferman constantemente con alergias, ronchas –continuó- las niñas tienen flujos que antes no era común, ahora sí; hay preocupación porque se pierden los embarazos, se pierden los bebes, no se desarrollan… niños que no tienen una piernita, un brazito, sin orejita. Además, las mujeres tenemos cáncer, esa contaminación nos genera enfermedades incurables, cuando antes nuestros ancestros han muerto de vejez, nos están matando lentamente porque no tenemos más opción que beber el agua contaminada.
Emilsen Flores destacó en su testimonio la cosmovisión del pueblo kukama que las llevó a considerar al río Marañón sujeto de derechos. “Dentro del agua tenemos animales que tienen espíritus, antes nuestros abuelos nos curaban llamándolos y les decían qué enfermedad teníamos, eso lo llevamos en nuestros corazones. Los espíritus del agua también sufren con esta contaminación”, manifestó.
“La lucha que llevamos es para todo el país, no solo para nosotros”, dijo.
El cuarto y último caso lo testimonió Elsa Merma, mujer indígena quechua cana de Espinar, Cusco, quien denunció el accionar de la actividad minera en su zona que, durante 40 años, viene provocando múltiples consecuencias en sus vidas. “Consumimos agua con metales pesados, respiramos aire contaminado, nuestra producción agrícola también está contaminada con metales pesados”, afirmó.
“No digo esto porque tengo odio –dijo- sino son hechos que han sido ratificados por muchos estudios, el más reciente el año pasado de la misma OEFA”.
Explicó que las comunidades se han visto totalmente afectadas, en particular las mujeres. “Las mujeres estamos en la casa, en la comunidad junto con la chacra, cuidando nuestros ganados, y atendiendo a nuestros hijos. Nos han agarrado enfermedades desconocidas, hay anemia, desnutrición en nuestros hijos, no tienen ganas de estudiar, qué va a ser de ellos”, se preguntó.
Las afectaciones alcanzan a la producción agrícola y ganadera, que no solo ha disminuido en su nivel de producción, sino que también están contaminados. Merma denunció que sus luchas y demandas han sido respondidas con represión.
“La poca agua que tenemos está con metales pesados, y para qué están las leyes si no se respetan. Y eso no es todo, hay niñas madres, por (violación) de trabajadores de otros sitios, qué va a ser de sus sueños, se quedarán allí nomás. Por eso he llegado hasta aquí a denunciar, ya no hay buen vivir en nuestras comunidades. Como pueblos no debemos dejar entrar mineras en nuestros territorios”, exhortó.
Al término de los testimonios, la presidenta del tribunal, Marisol García, anunció que como juezas se declararán en sesión permanente para anunciar la sentencia este domingo 28 durante la clausura del pre FOSPA Perú.
La sentencia del tribunal proporcionará justicia simbólica a las mujeres frente a la inacción del Estado en los diferentes hechos denunciados.
