La vulneración sistemática a sus territorios con impacto directo en sus cuerpos, incluyendo violencia sexual a niñas por parte de sus docentes, evidenciaron los siete casos testimoniados por lideresas de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Panamazonía realizado ayer 14 en el XI FOSPA que tiene lugar en Rurrenabaque, Bolivia.
El Tribunal es resultado del impulso y articulación de organizaciones de diversas vertientes que hacen parte de la Iniciativa de Acción de las Mujeres, que junto con otras ocho constituyen los pilares del proceso del Foro Social Panamazónico.
Los casos testimoniados mostraron las distintas estrategias del extractivismo para afianzar el despojo de los territorios y explotar los ríos, bosques y tierras violentando los derechos de los pueblos y de las mujeres, quienes sufren impactos diferenciados por el contexto patriarcal colonial que no las reconoce como ciudadanas plenas ante la indiferencia de Estados que siguen privilegiando el capital sobre la vida.
También se denunció la violencia sexual sistemática e impune contra niñas peruanas del pueblo awajùn por parte de docentes de sus centros escolares. El caso causó el rechazo e indignación general de la sala del Tribunal, más aún por las declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, que justificó estos hechos.
Hoy, durante la plenaria final del XI FOSPA, se presentará la sentencia construida por las juezas del Tribunal Rosalía Matene y Ailin Vaca Diez (Bolivia), Cristina Gavancho y Lili Calderón (Perú), Carla Baré (Brasil), Luna Contreras (Colombia) y Manuela Villafuerte (Ecuador).
Caso San Miguel de Velasco – Bolivia
Juana Menaca, lideresa boliviana de la Central de Comunidades Indígenas de Velasco, denunció el constante avasallamiento y superposición de su territorio ancestral del pueblo indígena chiquitano por personas foráneas que están causando inseguridad y zozobra entre las familias.
“Son más de 100 comunidades fantasmas, nos las conocemos, pero 21 ya aparecen en la cartografía municipal” afirmó la lideresa, quien denunció que de esta forma se vienen ocupando sus territorios con la finalidad de “realizar actividades mercantilistas que están destruyendo el monte, saqueando la madera, afectando nuestras fuentes de agua”.
La lideresa explicó que con este accionar los foráneos desarrollan estilos de vida que aceleran la crisis climática, modifican el hábitat de diferentes especies, provocan la migración de animales y aves en busca de su supervivencia, generando escasez de alimentos y dejando paisajes devastadores.
Pidió un pronunciamiento en favor de paz y seguridad para ellas, pues las lideresas de las comunidades indígenas de San Miguel de Velasco están siendo amenazadas. “Con el apoyo de este Tribunal escucharán nuestras voces para ser libres en nuestro propio territorio”, subrayó.
Caso de violencias a mujeres del pueblo Wayoro – Brasil
Walda Wajuru, lideresa indígena, cacica del pueblo Wayoro, debía testimoniar ante el Tribunal, pero no pudo hacerlo por haber sido víctima de un grave hecho discriminatorio de la empresa LATAM, que le impidió abordar el vuelo hacia la localidad de Rurrenabaque.
Ella dio un breve testimonio a través de un video. La información del caso la complementó Eunice Guedes, de la Articulación de Mujeres Brasileras y docente en la Universidad Federal de Pará.
El pueblo wayoro viene luchando por más de 20 años por la demarcación de sus territorios pues no hacerlo lo mantiene expuesto a violaciones a los derechos humanos de su población. Es el caso de la lideresa Walda Wajuru quien está amenazada de muerte por sus denuncias a los atropellos que sufren.
“Pedimos la demarcación inmediata para la seguridad del territorio indígena wayoro y justicia para las vidas perdidas de mujeres durante el contacto con los hombres blancos. Esta es una zona de frontera donde de forma constante sus animales son envenenados y se incrementan las amenazas de muerte”, denunció Guedes.
Detalló que las mujeres son las principales lideresas y quienes cuidan la espiritualidad y la salud comunitaria, pero viven en permanente inseguridad y violencia, situación que no se resuelve pese a la reiterada demanda al gobierno brasilero y diversas entidades públicas para lograr la demarcación que contribuiría a la paz a la que tienen derecho.
Caso defensa del río Marañón – Perú
El río Marañón, uno de los afluentes del Amazonas, baña el territorio del pueblo kukama en la región de Loreto siendo no solo un medio de vida para la población sino parte de su espiritualidad y relacionamiento con el mundo. Sin embargo, la contaminación por actividades extractivas de petróleo y minería lo contamina de manera sistemática afectando directamente los cuerpos de las mujeres.
Las lideresas de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, Mariluz Canaquiri y Emilsen Flores, denunciaron que la contaminación de su río ancestral está dañando de manera irreversible la vida de las mujeres del pueblo kukama con perjuicios a su salud física, mental, sexual y reproductiva, con el incremento de su carga de cuidados que limita aún más su participación política y con las amenazas que enfrentan en su lucha como defensoras.
“Cincuenta años de explotación petrolera solo nos ha traído muerte, enfermedades y contaminación de ríos y territorios dañando el buen vivir en nuestro pueblo” remarcó Canaquiri.
Pidieron la solidaridad de las organizaciones en su demanda al Estado peruano para que el Poder Judicial ratifique la sentencia en primera instancia que reconoce al río Marañón como sujeto de derechos. “El Marañón es un ser vivo y aunque no tiene voz estamos nosotras para que se le escuche”, afirmó Emilsen Flores.
Caso derechos de las mujeres en una paz que se diluye – Colombia
Zully Rivera, lideresa del pueblo nasa de la amazonía del Putumayo, testimonió sobre la situación de las mujeres que sobreviven a una crisis humanitaria por el recrudecimiento del conflicto armado tras la insuficiente implementación del Acuerdo de Paz firmado por el gobierno colombiano con los grupos del Farc-Ep el año 2016.
“Tenemos dificultades por el control territorial de grupos armados luego de que solo el 32 por ciento de los acuerdos de paz se están cumpliendo, acuerdos sobre los que no fuimos consultados los pueblos originarios”, sostuvo.
Con mucho dolor explicó que esta realidad afecta directamente a las mujeres del pueblo nasa quienes están siendo desplazadas de sus territorios por el incremento de grupos armados que defienden los intereses del narcotráfico y de grandes multinacionales.
“Las mujeres estamos poniendo a nuestros hijos en una guerra que no nos corresponde y trae desarmonías a la madre tierra, a las comunidades, a nuestras familias. Vivimos violaciones a los derechos humanos y tenemos hermanas y hermanos que están siendo asesinados”, dijo entre lágrimas.
Espero -agregó- que la sentencia del tribunal nos contribuya a lograr una verdadera paz con justicia social y las mujeres ya no tengan que salir huyendo de la violencia a desplazarse a las ciudades.
Caso de despojo territorial al pueblo shuar arutam – Ecuador
La explotación de la madera, petróleo, oro y cobre viene causando una permanente violación a los derechos del pueblo indígena shuar arutam que desde tiempos ancestrales ha convivido en armonía con el bosque. En la actualidad se acentúa el despojo de su territorio por intereses empresariales multinacionales avalados por los gobiernos, que significan destrucción del tejido comunitaria y del modo de vida de las familias.
Fanny Kaetat, lideresa shuar arutam, denunció el accionar de empresas mineras canadienses que llegan en busca de oro para que luego las concesiones sean explotadas por empresas chinas. En esa dinámica que impone el capital, se militarizan los territorios para expulsar a los pueblos con la anuencia de los gobiernos de turno.
“Hay vuelos constantes de helicópteros, no podemos trabajar con tranquilidad, las mujeres tememos por la vida de nuestros hijos, qué va a ser de sus vidas si nos desalojan, y si nos quedamos, cómo vamos a vivir sin agua si los ríos están despareciendo”, exclamó.
La falta de seguridad, la división de las familias, las amenazas y la criminalización por oponerse a los proyectos mineros, son situaciones comunes que están viviendo las mujeres. “Solicito que el Tribunal nos apoye en nuestra lucha por vivir en paz. Queremos que las empresas mineras suspendan sus operaciones y se vayan de nuestras comunidades, basta de destruir”, alegó la lideresa.
Caso violencia sexual a niñas en Condorcanqui – Perú
Este fue uno de los casos que mayor indignación causó en la sala del Tribunal: niñas awajùn violadas por docentes de sus colegios, sin que las denuncias interpuestas ante las autoridades por los apus de las comunidades hayan frenado esta vulneración a sus derechos humanos ni promovido justicia y reparación integral para ellas.
Las más de 500 niñas víctimas viven en los territorios de los pueblos wampis y awajùn en las riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago en la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Estos hechos vienen desde el 2017 y no se han detenido, por el contrario, se incrementan ante la impunidad que los rodea por la inacción del Estado.
Las violaciones han contagiado con VIH/SIDA al 70% de las víctimas, entre las que se encuentran niñas de cinco años que han muerto por esa causa.
Las testimoniantes rechazaron las declaraciones del ministro de Educación peruano quien atribuyó las violaciones a una práctica cultural del pueblo awajùn, a quien demandaron una rectificación inmediata pues sus palabras mienten, además de naturalizar la discriminación y estigmatización a sus culturas.
Revelaron que dicho ministerio tampoco ha actuado y que no se han atendido las denuncias ante las instancias de gestión local para que los docentes violadores sean retirados de la carrera magisterial. Esta impunidad ha generado que los apus en las comunidades reglamenten cuánto puede costar un hecho de violencia sexual para que sea asumido por el perpetrador y este sea retirado de la comunidad como parte de la pena.
“Nos preocupa este tipo de justicia para nuestro contexto y cultura, lo que demandamos es el respeto de los derechos de las niñas, que se juzgue, sancione y encarcele. Por eso como Consejo de Mujeres hemos salido a hacer la denuncia pública”, remarcaron.
“El extractivismo trae violencias, trata de personas, a gritos denunciamos y no encontramos justicia. Por eso estamos acá, en este Tribunal, porque no podemos callar; si las mujeres existimos es porque resistimos, y necesitamos estar unidas para impedir que siga esta impunidad”, expresaron.
