Pronunciamiento para detener la deforestación y evitar el punto de no retorno de la Amazonía

La Amazonia ha perdido casi un millón km² de bosques primarios, un área tres veces la superficie de Ecuador y casi igual a la superficie de Bolivia. A ello hay que sumarle otro millón de km² de bosques amazónicos degradados que tienen una mayor mortalidad de árboles, menores reservas de carbono, temperaturas más altas, menor humedad, mayor exposición al viento y exhiben cambios en la composición de la fauna y la flora. La deforestación y la degradación combinada de bosques alcanzan ya el 26% de los bosques amazónicos. Brasil y Bolivia concentran el 90% de la deforestación. La sabanización ya se está produciendo en estos dos países, mientras que Ecuador, Colombia y Perú avanzan en el mismo sentido.

La Amazonía está al borde de un punto de no retorno. Un pequeño cambio puede provocar un cambio abrupto del ecosistema por mecanismos de retroalimentación. Estamos frente al peligro de un colapso sistémico en la Amazonía por los impactos combinados de la deforestación, los incendios, la contaminación multicausal de las aguas y el suelo que degradan o destruyen ecosistemas de la Amazonia, el Cerrado, la Chiquitania, el Pantanal y el Chaco^[1].

Los gobiernos de la Amazonía se comprometieron en agosto de 2023 a evitar el punto de no retorno de la Amazonía. Dos años antes, en Glasgow 2021, dichos gobiernos, con excepción de Bolivia y Venezuela, acordaron poner fin y revertir la deforestación y degradación de los bosques hasta 2030, y convocaron establecer una “Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación” que hasta ahora no se hace efectiva.

Este compromiso de cero deforestación para el 2030 no es el primero que se realiza. En 2006 con las propuestas Moratoria a la Soya del Amazonas y el 2015 cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible se comprometieron a “ODS 15.2: De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial”. El acuerdo de Glasgow y la Declaración de Presidentes de la Amazonia puede acabar en nada si no se hace seguimiento crítico a los “logros” para evitar que flexibilicen los acuerdos en sentido contrario, generando ecoblanqueamientos empresariales y si no se establece un plan de medidas efectivas, con metas anuales de reducción de la deforestación legal e ilegal plasmados en indicadores verificables

Para lograr frenar la deforestación en la Amazonía desde el XI FOSPA convocamos a movilizarnos y coordinar acciones en todos los países amazónicos para:

Revisar, abrogar y derogar las normas que a nivel nacional y subnacional impulsan o que son permisivas a la deforestación, los incendios forestales y la expansión del modelo agroindustrial. Por medio, por ejemplo, de demandas de inconstitucionalidad o modificaciones a reglamentos sobre uso de suelos.
Establecer regulaciones estrictas a las actividades que causan deforestación incluyendo sanciones, controles y estudios de impacto ambiental acumulativos e integrales, y la imposición de medidas de reforestación y restauración de las áreas afectadas.
Detener y sancionar las actividades ilegales que producen desmontes y quemas como la ampliación de la frontera agropecuaria, la minería ilegal, el tráfico de animales silvestres, el narcotráfico y otras.
Revertir a los estados las tierras de las grandes y medianas propiedades que deforestan y queman ilegalmente sus tierras.
Combatir los esquemas de tráfico de tierra, entre otros, normando una pausa ecológica para todas las tierras ilegalmente deforestadas o quemadas que determine la imposibilidad de vender o cambiar el uso de tierra.
Demarcar y titular las tierras y territorios de los pueblos indígenas, quilimbolas, negros y campesinos originarios con especial protección de santuarios espirituales.
Frenar los avasallamientos de tierras, bosques y áreas protegidas a través de sanciones y controles efectivos con la participación activa de los pueblos indígenas y comunidades locales.
Fortalecer administrativa y económicamente a las áreas protegidas y crear nuevas bajo gestión real compartida con los pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias.
Establecer programas de corredores de protección del bosque, para evitar la fragmentación y aislamiento del bosque, las áreas protegidas, y los territorios indígenas, quilombolas, negros y campesinos originarios.
Eliminar los esquemas de subvención a través del diésel, dólares oficiales, y créditos baratos a proyectos de soya y maíz transgénicos, palma africana, caña de azúcar y otros monocultivos empresariales, así como la ganadería, minería y otras actividades extractivas.
Prohibir que las entidades financieras, públicas y privadas, nacionales e internacionales y los fondos de pensiones financien emprendimientos que contribuyen a la deforestación y degradación de los bosques.
Establecer prohibiciones en las normas nacionales a la exportación e importación de productos que deforestan, creando un sello amazónico para los productos que no contribuyen a la destrucción de la Amazonía. Vincular la Norma Europea de Importaciones sin Deforestación y ampliar su trazabilidad a todo el Bioma amazónico.
Rechazar las falsas soluciones de mercado de carbono que generan conflictos entre comunidades, comprometen por décadas los derechos territoriales indígenas, que no enfrían el planeta y son sistemas que favorecen a intermediarios especuladores.
Desarrollar campañas para que, a nivel nacional y subnacional, los estados amazónicos destinen como mínimo el 10% de sus presupuestos generales a la preservación del medio ambiente, la biodiversidad nativa, el agua y un uso adecuado, responsable y social del bosque. Al igual que denunciar a aquellos que destinan menos del 1% a estas actividades.
Crear incentivos para las actividades económicas comunitarias, indígenas y locales que preserven los bosques, a través del acceso a las compras estatales, creación de nichos de mercado, soporte productivo, entre otros.
Impulsar la soberanía alimentaria y la agroecología, mediante la agroforestería sucesional, silvopastura, y prácticas tradicionales sostenibles de los pueblos indígenas y las comunidades originarias; así como el consumo responsable en las urbes.
Impulsar formas alternativas de desarrollo productivo basado en la gestión integral sustentable de los ecosistemas naturales y una “economía de bosques”, por medio de prácticas que reduzcan y eliminen el uso del fuego.
Impulsar y reforzar una articulación a nivel de los territorios indígenas, campesinos tradicionales, municipios, áreas protegidas y otros actores para adoptar medidas preventivas contra los incendios y la deforestación, promoviendo una conectividad entre los territorios afectadas. Así como las fortalecer las instituciones estatales nacionales y supranacionales destinadas a su protección.
Promover y fortalecer capacidades de las comunidades para la gestión, reacción y respuesta a las emergencias ambientales producto del cambio climático. Promoviendo que se adopte las normativas territoriales la conformación de brigadas comunales e indígenas de guardabosques y bomberos forestales.
Promover alianzas estratégicas, convenios interinstitucionales entre las universidades, institutos de investigación, académicos, profesionales, comunidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales para colaborar en informar y afrontar la problemática de la deforestación, al igual que para formar y fortalecer los liderazgos locales. Priorizando la recuperación de conocimiento local y generando nuevo conocimiento culturalmente adaptado que responda a las necesidades de la región.
Crear mecanismos de participación y fiscalización de la función pública, las dirigencias internas y las entidades de cooperación desde la sociedad civil, como la propuesta de OTCA Social, para hacer realidad una verdadera Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación con participación de estados, pueblos y naturaleza como sujeto de derechos.
Convocar a todos los estados, la sociedad civil y demás actores de fuera de la Amazonía a fortalecer las acciones para frenar las inversiones extractivistas y demandas de productos que deforestan y degradan nuestros bosques.
Desarrollar campañas conjuntas entre las organizaciones indígenas, campesinas tradicionales, de mujeres, movimientos del agua y otros para:
- Exigir la declaratoria de pausas ecológicas en las tierras que fueron afectadas por la deforestación y quemas ilegales. Así como, coordinar medidas preventivas, restaurativas y de respuesta contra la deforestación y los incendios
- Exigir a candidatos políticos y autoridades que se comprometan a aplicar los anteriores puntos para alcanzar la deforestación cero, aplicando en todas sus actuaciones el indebido pro natura o pro bosque.
- Exigir la reversión a los Estados de los títulos de tierras de grandes y medianas propiedades privadas que deforestan y queman ilegalmente sus tierras.
- Convocar a las organizaciones indígenas, campesinas y sociales a que conformen comités de coordinación con el propósito de planificar y establecer medidas preventivas y de respuesta contra la deforestación y quema de sus bosques.
- Construir proyectos locales de restauración del territorio deforestado y quemado, según criterios técnicos, que cuenten con apoyo técnico y financiero de los diferentes niveles de coordinación estatal y no estatal.
- Promover el desarrollo de actividades económicas sostenibles en la Amazonía que no dañen ni amenacen el bosque, creando oportunidades económicas para las comunidades indígenas y locales, con el fin de reducir la dependencia de las economías legales e ilegales que destruyen los bosques tropicales.
- Crear una red de información y acción entre las comunidades, académicos, técnicos y profesionales para coadyuvar a la conformación de planes de manejo, gestión de riesgos y restauración del territorio
- Generar una conciencia de preservación de los bosques y del ciclo del agua fortaleciendo mecanismos de educación, generación y transferencia de conocimientos, e información para el manejo sustentable de los bosques.
- Construir compromisos, planes y acuerdos locales, nacionales, amazónicos e internacionales para hacer frente a la deforestación y la crisis climática
- Fortalecer las organizaciones indígenas, campesinas y sociales para el conocimiento de sus derechos colectivos e individuales y de la naturaleza, como un mecanismo que permita generar acciones de defensa y protección de los bosques.