Ante el anuncio de que la Serranía de Chiribiquete[i] sea declarada por la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad, surgen necesariamente dos inquietudes: una acerca de la soberanía de este territorio con cerca de tres millones de hectáreas e integrada sustancialmente a la Amazonía, y la otra, en relación a ¿quién representaría en determinado caso a esa “humanidad”?.
La Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural[ii] parte por reconocer las amenazas de destrucción de ciertos bienes considerados de valor universal excepcional, cuya desaparición constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo, a causa de “la evolución de la vida social y económica que se agrava con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles”. Sin embargo, no hace alusión directa a la más terrible de las amenazas como lo son las guerras, en el marco de las cuales se produce la destrucción masiva de la simbología de las culturas invadidas, no como daño colateral sino como objetivo bélico; contextos que además han permitido el apropiamiento de patrimonios culturales que luego son exhibidos en los museos del invasor.
Además de señalar el valor universal de determinados bienes culturales y naturales, la Convención también considera que “la protección de ese patrimonio a escala nacional es en muchos casos incompleto, dada la magnitud de los medios que requiere y la insuficiencia de los recursos económicos, científicos y técnicos del país en cuyo territorio se encuentra el bien que ha de ser protegido”, razón por la cual se constituye en una responsabilidad de la “colectividad internacional”. Aquí la Convención hace la salvedad que no se trata de reemplazar la acción del Estado sino que “la complete eficazmente”; pero subraya: “los Estados Partes en la presente Convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar”.
En un mundo donde la globalización del capital transnacional buscó el debilitamiento de los Estados del sur para facilitar precisamente el saqueo de los bienes naturales y la sobreexplotación de la mano de obra, evidentemente no habrá el potencial necesario para cumplir con la protección de los bienes que sean declarados parte del patrimonio de la humanidad por lo que deberá recurrir a esa “colectividad internacional”. Con esa misma lógica neoliberal es que en estos países se le ha entregado el patrimonio público a la empresa privada, aduciendo que ella tiene mayor capacidad tecnológica y financiera que el Estado, y que no es corrupta. Los Estados neoliberalizados establecen igualmente las relaciones internacionales en esa tónica, permitiendo el despojo por parte de las empresas transnacionales.
Y en dado caso que algún Estado o conjunto de Estados determinen que ese país no garantiza la protección de los “bienes universales” ubicados en su territorio, y no acepte la cooperación internacional, ¿tienen aquellos la facultad de asumir esa tarea?. La verdad es que la historia, sobre todo la de los pueblos del sur, está llena de excusas para justificar la intervención en sus naciones por parte de las del norte. Que la seguridad mundial, que las libertades, que la democracia, que la asistencia humanitaria –Haití y Somalia, por ejemplo-,… son razones que han justificado ante el mundo la injerencia de los imperios en otros países.
Tanto es así, que ya se ha hecho regular en el derecho internacional ese contrasentido denominado “guerras humanitarias”, concepto que tiende a agrupar en el discurso injerencista todo un conjunto de motivos relacionados con los derechos humanos. “Los motivos humanitarios son invocados como razones suficientes de legitimación ética y jurídica del uso de la fuerza, más allá de las hipótesis taxativamente previstas por la Carta de las Naciones Unidas y permitidas por el derecho internacional general” [iii]. Un imperio que ha mostrado su desprecio por el multilateralismo[iv] -como lo es Estados Unidos- tan interesado en recuperar su hegemonía “americana” en estos tiempos de altas tensiones geopolíticas ¿no tendría en la protección de los bienes naturales declarados patrimonio mundial un motivo más en su lista, para hacer injerencia en estos países con los argumentos humanitarios, que tanto ha utilizando en otras ocasiones?
De hecho el Comando Sur de los EEUU realizó unos ejercicios militares conjuntos con los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil a finales del año anterior en la triple frontera (Leticia, Santa Rosa y Tabatinga) con el pretexto de brindarle seguridad a la Amazonía[v]. Y ya sobre la Serranía de Chiribiquete, que hace parte del Escudo Guayanés, el gobierno colombiano había anunciado en marzo de este año un plan internacional de protección para ese gran corredor ecológico denominado “Triple A” (Andes, Amazonía, Atlántico), en el cual ocho países tienen jurisdicción[vi].
En la idea de los gobiernos neoliberales de ceder lo público a lo privado, con decisiones centralistas y autoritarias, la protección de la Serranía de Chiribiquete y en general de la Amazonía está planteada en términos de actores ajenos a tales territorios, desconociendo a los pueblos originarios quienes ancestralmente han cuidado de ella. Entonces una declaración de patrimonio mundial en tales circunstancias enajena a los pueblos de sus territorios sobre los cuales ejerce soberanía consuetudinariamente; porque no sólo se trata de la “soberanía nacional”, ya puesta en cuestión por todas las consideraciones hechas anteriormente.
De continuar la exclusión de las comunidades originarias para decidir sobre sus territorios privilegiando la “cooperación internacional”, los riesgos podrían ser mayores en términos de facilitar estrategias de forzosa intervención extranjera, en un contexto de disputa geopolítica y con gobiernos dependientes de los dictámenes de EEUU, como en el caso colombiano que han aceptado inclusive ser parte de la alianza militar de la OTAN.
Más allá de la euforia por la declaración de la UNESCO, en la que el gobierno exhibe su falso nacionalismo, es preciso escudriñar los riesgos que ese hecho provoca, porque como dice la abuela, de eso tan bueno no dan tanto. Lo fundamental aquí es garantizar la defensa de las soberanías territoriales, lo cual parte por el pleno reconocimiento de los pueblos amazónicos en su conjunto como poseedores de ese patrimonio natural, en tanto han sido los constructores milenarios de sus tejidos ecosistémicos y socioculturales.
Escrito por:
Asociación MINGA // Comité Nacional Fospa Colombia
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[i] Declarada como Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, por parte del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente -Inderena-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura. El 21 de agosto de 2013 mediante Resolución No. 1038, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total aproximado de 2’782.354 Ha, siendo así el área protegida más grande del Sistema de Parques Naturales Nacionales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia.
[ii] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[iii] “Guerra humanitaria” https://www.alainet.org/es/active/23018
[iv] “El desprecio de EEUU por el multilateralismo” http://www.rebelion.org/hemeroteca/imperio/030319hervella.htm
[v] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39826017
