Por Ismael Vega Díaz*
25 de enero de 2018.-
Al aprobar la Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali (N°30723), sin la observación del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República nuevamente pone en serio peligro la vida de los pueblos indígenas amazónicos y particularmente la de los que se encuentran en situación de aislamiento voluntario o de contacto inicial (PIACI), que viven en el citado departamento.
Esta nueva amenaza contra los pueblos indígenas y la Amazonía, se ha publicado en el diario oficial El Peruano solo tres días después (22-01-18) de que el Papa Francisco, en su mensaje en la ciudad de Puerto Maldonado, dijera en forma contundente, que actualmente los pueblos indígenas se encuentran más amenazados que nunca por los megaproyectos y el extractivismo.
Al aprobar esta ley el Congreso no solo pone en serio peligro la vida de los pueblos indígenas de Ucayali que habitan sus territorios desde tiempos ancestrales, sino también la integridad de seis Áreas Naturales Protegidas, tres Reservas Indígenas y una Reserva Territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial.Ismael Vega es director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Es muy grave que el Congreso de la República siga aprobando leyes que atropellan los derechos de los pueblos indígenas, omitiendo su derecho a ser consultados en forma previa, libre e informada a través de sus organizaciones representativas, en este caso la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), base de la organización indígena nacional AIDESEP. Por eso es urgente que este poder del Estado modifique su reglamento para que someta a procesos de consulta sus iniciativas o proyectos de ley, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, algo que ya ha recomendado la Defensoría del Pueblo. Esta es una demanda que vienen exigiendo organizaciones indígenas nacionales como ONAMIAP, AIDESEP, CCP y CNA, entre otras, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)[1]. A esta grave omisión se suma la ausencia de consultas técnicas a los Ministerios de Cultura y del Ambiente, sectores que anteriormente ya habían cuestionado este tipo de iniciativas.
No se puede poner como justificación el interés nacional de construir carreteras para mejorar la conectividad por encima de los derechos de los pueblos indígenas y de los estándares ambientales. La ley aprobada por el Congreso debe ser cuestionada y rechazada porque la construcción de carreteras en zonas de frontera como el departamento de Ucayali, incrementará el extractivismo, especialmente de madera, en forma incontrolable, favorecerá intereses informales e ilegales ligados a la corrupción y aumentará la deforestación de los territorios de los pueblos indígenas poniendo en peligro su vida, e incrementando nuestra vulnerabilidad frente a la crisis climática y destruyendo aún más el planeta.
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[1] La CNDDHH cuenta con el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, conformada por más de 15 instituciones especializadas en pueblos indígenas amazónicos y andinos.
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* Director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Miembro del Comité Internacional del Foro Social Panamazónico
