Durante esta semana del 19 al 23 de noviembre se desarrolla en Florencia y Mocoa el Primer Foro Regional por los Derechos de la Amazonía denominado «Nuestra Casa Común», organizado por Corpoamazonía y financiado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, junto con la FUPAD. Las organizaciones sociales colombianas que hacemos parte del Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) vemos este encuentro con gran recelo por las siguientes razones:
- No se ha realizado una discusión amplia de la Sentencia 4360 del 2018 sobre la Amazonía como sujeto de derechos con las comunidades locales. En este escenario, la inmersión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional Minera en el cumplimiento de la sentencia es impertinente, particularmente cuando las comunidades han sido enfáticas en la necesidad de poner en marcha una moratoria minero-energética para la protección de la Amazonía, como garantía de vida de los pueblos indígenas y campesinos, así como la preservación de la naturaleza y nuestras culturas.
- La Amazonía presenta históricos problemas de seguridad jurídica en torno a la tenencia de la tierra, cuestiones que no se pueden discutir en el marco de un Foro con el principal actor que compite con la formalización y acceso a tierras, como es la adjudicación petrolera que hace la ANH. Durante el periodo 2004-2014 se formalizaron solamente 194.521 hectáreas, mientras se adjudicaron en este mismo periodo a empresas petroleras 2.297.886 hectáreas. La deuda histórica y el derecho de los habitantes locales es violentado por intereses extractivos.
- Con datos del SINCHI, las organizaciones sociales del Caquetá hemos solicitado al Ministerio de Ambiente que en tanto la actividad petrolera constituye un motor de deforestación, sea una actividad prohibida en el cumplimiento a lo dispuesto por la sentencia 4360 del 2018 sobre la Amazonía como sujeto de derechos. En este sentido, rechazamos la intervención del Ministerio de Ambiente quien insta a dejar de lado las discusiones sobre las contradicciones del modelo de desarrollo imperante para la Amazonía, enfocado en el extractivismo, para trazar una ruta de cumplimiento a tal Sentencia.
- Frente a la afirmación de Corpoamazonía, sobre la inexistencia de antecedentes negativos de la actividad extractiva, aclaramos que sí se conocen devastadores casos con la industria petrolera en el municipio de San Vicente del Caguán. La empresa Emerald Energy ha sido sancionada dos veces (Res. 0723 del 2014 y auto 03202 del 2018) por su proyecto E&P en el bloque Ombu por: construir dos locaciones adicionales a las permitidas en la licencia, realizar quemas a cielo abierto, instalar dos motobombas en la quebrada la Guadalosa sin especificaciones técnicas en el Plan de Manejo Ambiental y utilizar agua no tratada para el desarrollo de nuevos proyectos extractivos. Similares casos pueden señalarse en Putumayo con Empresas como el Consorcio Vetra y Gran Tierra Energy.
- Rechazamos la falacia de crecimiento económico para el país que ofrece el modelo extractivo, pues el estudio realizado por la ONG Justicia Tributaria en “¿Y si se eliminan los beneficios al sector extractivo?”, demuestra que con los 253 incentivos tributarios que tiene el sector extractivo, según cifras de la propia DIAN la Tasa Efectiva de Tributación (TET) estas industrias solo alcanzaron en el año 2015 a un 2,6%, una cifra sin precedentes que erosiona completamente el aporte del sector al fisco nacional y ahonda los altos niveles de inequidad social, mientras la clase trabajadora del país tributa con una tasa de 30%.
- Las comunidades y la naturaleza hemos sido víctimas del conflicto armado, por ello, son necesarias unas medidas de reparación integral y garantizar la permanencia de los pueblos en los territorios, como parte de los planes de protección de los derechos de la Amazonía. Los pueblos indígenas y comunidades no indígenas nos hemos configurado en procesos sociales de defensa de los territorios y, por ello, exigimos que las políticas de protección de la Amazonía en el marco del cumplimiento de la Sentencia 4360 de 2018 sean construidas desde una real participación comunitaria. Por lo anterior, se hace necesario la generación de espacios autónomos de diálogo entre los actores realmente claves en el territorio: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sectores urbanos, jóvenes, mujeres, reinsertados, víctimas, organizaciones ambientalistas, entre otros.
La política minero-energética es incompatible con la protección de la Amazonía, razón por la cual no deben promoverse espacios que pretenden legitimar un modelo económico ampliamente rechazado por las comunidades locales, tal como fue manifestado en el anterior foro sobre la Amazonía y el Plan Nacional de Desarrollo, realizado en Florencia en días pasados. Se exigió, por el contrario, el reconocimiento a los procesos comunitarios de sobrevivencia y convivencia que los pueblos de la Amazonía construimos desde hace tiempo en los diferentes territorios, rurales y urbanos. Tampoco estos Foros pueden ser usados por parte del Estado para justificar la expulsión violenta de las comunidades de los territorios; los pueblos podemos armonizar la vida en ellos con nuestras tradicionales formas de gobierno.
Entonces, el cuidado de nuestra casa común sólo puede ser posible: primero, si hay por lo menos una moratoria minero-energética, que quiere decir que se detenga la expansión de los proyectos petroleros y mineros, y se someta a discusión el cambio en la matriz energética de nuestro país; segundo, si se resuelven los problemas rurales presentes en el Caquetá y Putumayo, en particular lo relacionado con la restitución de tierras a las víctimas; tercero, si se reconocen los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; y cuarto, si hay garantías integrales para los liderazgos sociales de las diversas formas organizativas de las comunidades amazónicas, con escenarios de participación con carácter decisorio sobre los asuntos de la región.
Foro Social Panamazónico Colombia
