Escrito por: Camilo Chica, Comunicaciones Fospa Colombia
Conozca aquí las principales reflexiones del webinar Amazonía en Peligro, Políticas climáticas en tiempo de pandemia
El Fospa en Movimiento continua con sus labores de articulación por la defensa y pervivencia de la Amazonía. En esa vía, la Iniciativa de acción en Fospa sobre Cambio Climático y Amazonía realizó el pasado 2 de septiembre el webinar Amazonía en Peligro, Políticas climáticas en tiempo de pandemia que contó con la participación de expertos ambientalistas de diferentes países de la Cuenca Amazónica, quienes expusieron sus análisis e investigaciones sobre las políticas gubernamentales y el cambio climático, durante el presente contexto de pandemia.
El webinar contó con miembros del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático MOCCIC (Perú), el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia (Bolivia), la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Ecuador), CENSAT (Colombia) y el Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. A continuación resaltamos algunas reflexiones de los distintos expositores:
Ivo Poletto del FMCSA Brasil, inició su intervención destacando la manera en que los pueblos indígenas han actuado de forma autónoma para defenderse del coronavirus, pues durante la pandemia, se ha hecho más evidente que se encuentran abandonados y agredidos por los gobiernos, en todas sus formas de vida. Los altos índices de muertes y contagios han mostrado que al estar aislados tienen menor capacidad física para salvarse de la agresión del virus. Además, resalta el hecho que los gobiernos han mentido a la gente, hablando de su preocupación de querer salvar la Amazonía, pero al mismo tiempo están comprometiéndose con las empresas que invaden, deforestan y queman la selva y además licencian tierras para impulsar sus iniciativas económicas.
Por otro lado, agrega, que el gobierno de Brasil aparte de no tomar medidas efectivas para impedir este contexto de invasión, promueve, por un lado, la intervención militar, y por el otro, se emiten políticas del Ministerio de Medio Ambiente en contravía a la protección ambiental. Lo que demuestra, que el gobierno no va a actuar en defensa de la selva y en cambio si apoyan el proceso de destrucción de la Amazonía con la premisa del desarrollo económico, financiando y licenciando grandes empresas de Brasil y de otros países.
Este tipo de intervención, significa la destrucción del bioma amazónico y la agresión a quienes allí habitan, pues la intervención militar ha multiplicado los contagios. No obstante, los indígenas organizados han presionado, en estos momentos, para una atención esencial y han exigido a la corte un programa especial para impedir la entrada de personas que les pueda transmitir el virus; aunque la restricción en este momento, sólo alcanza 200 de las más de 500 comunidades, sin contar con los indígenas en aislamiento voluntario; por tanto, ha sido tarea de las propias comunidades indígenas defender sus territorios.
Esta problemática demuestra que no hay una política efectiva para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo que es importante preguntarse a quién sirve el gobierno y las fuerzas militares. Por otro lado, los grandes bancos a nivel internacional están apoyando a las grandes empresas dedicadas a la deforestación; según los datos, después del Tratado de París en el 2016 hasta el momento, han entregado más de 150 mil millones de dólares. Así que los bancos, en lugar de ayudar a impedir las agresiones que generan el cambio climático están involucrados en iniciativas económicas que afectan las selvas y bosques del mundo.
También, señaló, que construir alternativas al modelo extractivista no es simple y necesita de grandes cambios, entre las cuales es necesario comprender las propuestas de los pueblos como camino para enfrentar las políticas de imposición agresivas hacia la Amazonia. Cuestión que también implica organizarse de forma articulada, para luchar por el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y profundizar un cambio cultural en la sociedad de consumo, que implica una movilización educativa concientizadora, que esté asociada a las luchas electorales. Por otro lado, es indispensable que los pueblos indígenas puedan generar demandas en los espacios de derecho internacional, sobre las múltiples afectaciones a su territorio e integridad personal y puedan construir una acción internacional conjunta con el resto de pueblos indígenas del mundo.
Por su parte, Andrea Echeverry, investigadora de CENSAT Agua Viva, del área de selvas y biodiversidad, señaló como la región de San Vicente del Caguán, en Caquetá, departamento de la Amazonía colombiana, es uno de los sitios con mayor deforestación debido en su mayoría a una serie de políticas de Estado. Explicó, como en 20 años en Colombia se han deforestado más de 5 millones de hectáreas, 3 de estas en la región de la Amazonía y como sigue subiendo la curva en los últimos años, aumentando los puntos de calor en diferentes zonas, que para este año van más de 13 mil, a causa de la emisión de gases de efecto invernadero.
Andrea señaló como desde 1990 en Colombia las empresas dedicadas a la agroindustria son las más involucradas en la deforestación, al acaparar grandes extensiones de territorio selvático para convertirlos en pastizales. Este problema, según estudios, convertirá la deforestación en la Amazonia, que en este momento equivale al tamaño de Suiza, en un inmenso motor de dióxido de carbono. Resaltó, de igual manera, como el gobierno colombiano no mira esta problemática desde una dimensión política, a pesar, que las estadísticas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -Ideam- tenga evidencias que la deforestación y el acaparamiento de tierras está generando el mayor número de gases de efecto invernadero en el país y para ayudar a resolverlo han recomendado realizar un catastro de tierras.
Por otro lado, el gobierno asocia la problemática de los gases de efecto invernadero a los cultivos ilícitos, a pesar de ser desmentido por investigaciones que comprueban que la agroindustria es la mayor causante. Además, el mecanismo usado por el gobierno para contrarrestar la deforestación ha sido la militarización, que se acentuó en el 2019 con la estrategia Artemisa, en la que operan conjuntamente militares, policías y fiscalía para perseguir a los “supuestos” deforestadores, culpando a pequeños campesinos con la excusa de la lucha antidrogas y haciéndose el de la vista gorda con las grandes empresas. Finalmente, aclaró, que el problema de la deforestación, tiene mucha relación con el modelo político impuesto, en el que la tierra funge como un escenario de disputa y poder político, que necesita con urgencia poner en marcha una esperada reforma agraria.
Frente a las alternativas a esta problemática, Andrea señaló que estas deben pasar por dos momentos, el de la denuncia y el de la incidencia, que reconozcan que la crisis climática es parte de la crisis del sistema mundo actual. Por ende, las alternativas deben pasar de lo local a lo internacional, generando un cambio cultural global, por lo que se hace importante, apoyar las propuestas que han elaborado los pueblos, teniendo en cuenta que “nadie libera a nadie y nadie se libera solo” (Tomado de Paulo Freire); lo que hace esencial el juntarse desde las diversidades y darse cuenta que todos y todas estamos afectados por el modelo capitalista.
Natalia Greene, vicepresidenta de CEDENMA en Ecuador, reseñó como se les ha dado seguimiento a las políticas climáticas, a través del plan presentado por el gobierno en 2019, para ejecutarse del 2020 al 2025, denunciando, ante todo, que las metas propuestas para la neutralidad del carbono son bajas. Señaló como el Ministerio de Ambiente no les hace frente a los problemas de la emisión de gases de efecto invernadero y está inmerso en la lógica de entregar licencias a las empresas extractivas, bajo una lógica de políticas que plantean salir de la crisis económica promoviendo el extractivismo y la minería a gran escala.
Para frenar esta lógica, la sociedad civil se ha organizado para declarar públicamente que el extractivismo, la ganadería y la tala son otras pandemias y que con el slogan “quédate en casa” se ha desnudado, mucho más, el dramático abandono que sufre la región, mostrando las necesidades y amenazas que sufre cada país; por otro lado, la crisis generada por la pandemia la está aprovechando el extractivismo, para venderse como estrategia para dar salida a la crisis económica. En estos momentos, se están enviando militares para las empresas mineras, se ha desregularizado la consulta previa y además, se hacen webinar tramposos para promover la minería en las regiones.
Sumada a esta compleja situación, Natalia planteó, como durante la pandemia del Covid-19 se rompieron 3 oleoductos en la región amazónica, generando uno de los peores desastres en las últimas décadas, que ha afectado a 27 mil indígenas y 120 mil habitantes; que empeoro con la noticia del juez al negar las medidas de protección y cautelares, para que la comunidad pudiera conservar sus territorios limpios.
Por tanto, se ha normalizado el extractivismo haciéndose insostenible, a pesar de que el Ecuador sea el primer país que otorga a la naturaleza ser sujeto de derecho. Lo que ha movilizado a la ciudadanía para proteger y defender la Amazonia, articulando esfuerzos en la Asamblea Mundial Por la Amazonia, en el Foro Social Panamazónico y en muchas otras plataformas y movimientos locales e internacionales.
En ese sentido, se han hecho foros para acompañar las luchas frente a las quemas en Brasil y Bolivia, logrando que fueran condenados los gobiernos por los paquetes incendiarios que promovían estas quemas. De igual manera, han visto la necesidad de hacer un tribunal para el otro año en la Cumbre de Cambio Climático, ya que el extractivismo es una amenaza común y es necesario trabajar por un modelo más sostenible que deje el petróleo bajo tierra. Esto ha puesto en marcha un trabajo constante por las vías legales, para detener las acciones extractivas y además resulta imperativo promover alternativas como la bioeconomia, la agroecología, entre otras, para proteger los bosques y reconocer los derechos de la naturaleza.
Tania Ricaldi del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia -GTCCJ- de Bolivia, mostró como la realidad en su país, frente a las emisiones de efecto invernadero provienen mayoritariamente del sector agrícola y de las actividades extractivas; frente a esta panorámica el gobierno de Bolivia asume una serie de compromisos, en relación al acuerdo de París desde el agua, buscando incrementar la adaptación y la vulnerabilidad hídrica en el país, la energética, para aumentar la capacidad eléctrica y el aumento de áreas de bosques para subir la mitigación desde el manejo sustentable del bosque. Otro aspecto, señaló, es que no se puede hablar de políticas de cambio climático sin hablar de políticas de desarrollo, las cuales se sustentan desde la óptica del extractivismo, que no son otra cosa que políticas de descapitalización de la naturaleza de la elite del agronegocio, aliadas a los gobiernos; lo que demuestra que no existen las políticas de cambio climático, y en cambio, crearon una excusa, para perseguir al campesinado y los indígenas.
De igual manera, resaltó, que el discurso creado frente al derecho de la madre tierra, hoy en día ha desaparecido y se desdibuja la defensa y protección de los derechos de la naturaleza; pues ni siquiera está presente en las políticas de Estado, lo que resulta en una actitud incoherente frente a la realidad climática que vive el país. Esto se evidencia, señaló, más aún en el crecimiento de la frontera extractiva que aumenta el ecocidio, pues las empresas que explotan la Amazonia no han estado confinadas y siguen operando, y además se posicionan estratégicamente en el territorio, aprovechando la crisis.
De esta manera, señaló, que las políticas públicas son políticas de devastación de la Amazonía apoyando el agronegocio, dándole apertura a los transgénicos, a las plantaciones de eucalipto y a la generación de agrocombustibles; a lo que además se le suma las actividades de minería ilegal con sus acciones perversas de contaminación y degradación de la naturaleza, y generando graves afectaciones sociales, como el trabajo infantil, como el impacto a las culturas y las mujeres amazónicas.
Sumado a esto, desde el gobierno de Evo Morales, las políticas de hidrocarburos han aumentado, buscando nuevos espacios para la explotación de petróleo y gas, y la apuesta por aumentar los proyectos hidroeléctricos, como modelo de transición energética. De igual manera, se está realizando un despliegue a la construcción de carreteras para permitir la incursión del capital transnacional; lo que hace del mapa de la Amazonia, un mosaico de diversas formas de agresión y despojo.
Además, se puso más en evidencia durante esta pandemia que los pueblos indígenas están invisibilizados frente a las políticas públicas y se ven como obstáculos al capital transnacional.
Por último, Romina Rivera del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático – MOCCIC- del Perú, señala como le han hecho un seguimiento a las políticas climáticas del gobierno y como ha aumentado el problema con la pandemia. Resaltó, primeramente, como el Perú ha sido golpeado muy fuerte por el Covid-19, debido a los factores previos de desigualdad social y económica, que se han configurado en un escenario de terror general. Hoy en día, hay más de 29 mil muertos, siendo uno de los más afectados del mundo, esto se suma la crisis económica, una de las más fuertes que hayan vivido debido a la recesión creada por la pandemia.
El impacto a la Amazonía ha sido muy fuerte y con tardía atención por parte del gobierno, que a pesar de que las organizaciones indígenas hayan advertido con anterioridad del impacto, el gobierno se demoró más de una semana para reunirse con los pueblos indígenas y más de 100 días en brindar ayudas y protección, a lo que se le suma, la escasa coordinación que ha agravado la situación. Por otro lado, dejó claro, que el Amazonas no cuenta con médicos, ni medicinas, ni hospitales, lo que ha provocado una gran tasa de contagiados, con una creciente pérdida de líderes y lideresas, sabios y sabias, que fueron muy importantes para el Perú. Frente a esto, se ha demandado al estado peruano por etnocidio, por afectar la existencia física y cultural y mantener a los pueblos en una situación precaria; y de igual manera se han realizado protestas para exigir la atención urgente e inmediata.
A nivel de cambio climático, señaló que el Perú se ha presentado como uno de los países con mayores avances en las políticas del sector climático y se muestra como un gobierno comprometido, a través de una ley marco creada con un proceso particular, por ser participativo. Aunque finalmente la realidad es que el gobierno procede con una política negativa frente al problema ambiental y no presenta lo que en realidad sucede en los territorios. Por lo tanto, el avance normativo es más nominal, porque hay una competencia institucional desigual entre los ministerios, lo que fragmenta la política para enfrentar el problema del cambio climático.
Por tal motivo, el panorama en el Perú evidencia diferentes aspectos como:
- Una política económica que ha demostrado ser extractiva y durante la pandemia ha aumentado la deforestación por la ausencia del control del Estado.
- El incremento exponencial de los incendios forestales que suman más de mil, lo que podría aumentar el escenario del 2019.
- Una situación socio-ambiental en emergencia con los continuos derrames de petróleo.
- Economías ilegales de tala y minería volviendo a los territorios.
- Impunidad y agresión a las poblaciones con el asesinato a defensores ambientales. Recientemente asesinaron a 3 indígenas del pueblo Cucama.
- El racismo institucionalizado y la reactivación de una política que sigue con una lógica colonial, que apuestan por el extractivismo y no atienden las demandas de las comunidades amazónicas.
- Una serie de fórmulas perversas de salvamento post pandemia, que ha favorecido a las empresas extractivas, muchas ligadas a casos de corrupción, que han sido investigadas también por delitos ambientales.
- Evidencias de un esquema fiscal sustentado en beneficios a otros países con normativas que burlan la normativa fiscal propia.
- El uso desproporcionado de la fuerza policiva con impunidad en territorios que sufren de problemas socio-ambientales.
- Pasar por alto la consulta previa.
- Poner en riesgo los compromisos climáticos a nivel nacional e internacional.
- La reducción de presupuesto para temas ambientales y los compromisos de cambio climático no se están teniendo en cuenta.
Así qué, señaló, es necesario plantear alternativas a diferentes escalas y pensar cómo entenderse de manera diferentes globalmente, no al margen de las problemáticas sino interconectados con el mundo y la tierra en general, desde una mirada multidimensional; que tenga en cuenta, las acciones productivas, las iniciativas legales para los derechos de los pueblos y la naturaleza, las iniciativas organizacionales, la creación de territorios integrales y naciones indígenas, entre otras formas, en las que se requiere un futuro más democrático y con mayor participación.
Entender la Amazonia como un sistema importante para la naturalzeza, también social, político y económico, verlo como un espacio integral, que reconfigura lo social, lo económico y como un bioma importante para la vida. Resaltó la importancia de visibilizar las alternativas locales; ir desde lo local y visibilizar las propuestas de las comunidades y poder retornar a los ancestral, la pertinencia y espiritualidad con la naturaleza, lo que permite transitar a otros mundos posibles. La auto organización permite generar rutas para la crisis y de igual manera generar articulaciones. Para construir de manera participativa alternativas al desarrollo, para construir el buen vivir en la Amazonía.
Conoce aquí la transmisión completa de esta webinar
Escucha tambien las principales conclusiones de este espacio, de la voz de Osver Polo integrante del Fospa Perú y del Moccic, organización dinamizadora de esta Iniciativa de acción:
