El 4 de septiembre, en la ciudad de Sucre los representantes del FOSPA Bolivia se apersonaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en calidad de Amicus Curiae, (amigos de la corte) para respaldar la Ley Municipal No. 097 de 20 de julio de 2021 que declara al Municipio ecológico de Alto Beni como municipio libre de la actividad y contaminación minera.
En contra de esta Ley Municipal cursa un conflicto positivo de competencias promovido por el vicepresidente David Choquehuanca, quien alega que dicha normativa estaría atribuyéndose competencias exclusivas del nivel central del Estado, principalmente la referida a los “recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de agua”, por lo que, la segunda autoridad del Estado ha solicitado al TCP la nulidad de la Ley No. 097.
En este contexto, el FOSPA Bolivia -que por mandato de la onceava versión del Foro ha determinado el respaldo total a la lucha que sostienen los municipios de Alto Beni y Palos Blancos en defensa de su vocación productiva agroecológica frente a la amenaza de la minería del oro-, ha elaborado un documento en el que afirma respecto al alcance de la Ley Municipal 097 y pide al Tribunal que “emita sentencia declarando que el Gobierno Municipal de Alto Beni es entidad competente para declararse municipio ecológico libre de actividad y contaminación minera”.
El FOSPA argumenta que existen informes que constatan la ausencia de actividades mineras dentro del municipio, y señala que esta Ley “no invade ninguna competencia privativa y/o exclusiva del nivel central del Estado, menos aún se trata de una medida que afecte derecho alguno, sino por el contrario, declara el interés municipal de mantener las condiciones que permiten desarrollar su vocación productiva agroecológica y esta es incompatible con la minería aurífera aluvial que causa contaminación de las aguas y los ecosistemas”.
En el Amicus Curiae el FOSPA ha hecho hincapié en que el objeto de fondo de la Ley que declara a Alto Beni libre de actividad y contaminación minera es la protección y resguardo a su producción agroecológica que les garantiza seguridad y soberanía alimentaria en tanto es la base del desarrollo socioeconómico del municipio.
“El Tribunal tiene la oportunidad de seguir desarrollando jurisprudencialmente los derechos fundamentales a la alimentación, con énfasis en la seguridad y soberanía alimentaria, así como la obligación del Estado de garantizar un entorno económico, político y social que permita a los pueblos producir sus propios alimentos de forma orgánica y agroecológica cuando así lo decidan, y, por tanto, de no adoptar medidas que se los impida”, puede leerse en el documento.
