Las personas que suscribimos esta carta somos mujeres y hombres pertenecientes a pueblos, comunidades, organizaciones sociales y colectivos que trabajan día a día en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
El 7 de septiembre de 2018, se hizo público el laudo arbitral con fecha de 30 de agosto, dictado por un tribunal internacional de arbitraje administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y constituido bajo el amparo del Tratado de promoción y protección recíproca de inversiones adoptado entre Estados Unidos y Ecuador en 1993, y que fue denunciado por Ecuador en el año 2017.
El Tribunal falló en este laudo a favor de la empresa transnacional Chevron y su filial Texaco, afirmando que el Ecuador, en concreto su poder judicial, violó diversas obligaciones derivadas del acuerdo de inversión. Según los árbitros, esta violación se deriva de la emisión de la sentencia dictada contra la petrolera en 2011, que la condenó al pago de nueve mil quinientos millones de dólares por los crímenes cometidos contra los derechos humanos y de la naturaleza causados por las operaciones de Texaco durante más de 20 años en la Amazonía. Según los árbitros, esta sentencia, que daba la razón a un amplio conjunto de demandantes conformado por las personas pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas afectados por los vertidos tóxicos, fue obtenida a través del fraude, el soborno y la corrupción. Con esta argumentación, los árbitros han tejido un manto de impunidad a la medida de la petrolera, permitiendo no sólo que esta transnacional incumpla la sentencia y no indemnice a las miles de víctimas, sino que, además, obtenga una enorme cantidad de los fondos públicos ecuatorianos en concepto de compensación.
Este laudo es una prueba más de la impunidad jurídica que los tratados de comercio e inversión otorgan a las empresas transnacionales, permitiéndoles no sólo vulnerar los derechos humanos y de la naturaleza sin pagar las consecuencias sino, también, actuar contra las arcas públicas de los Estados soberanos, obligados por la fuerza de estos tratados que, aun denunciados, acaban primando sobre los derechos humanos.
Las firmantes de la presente carta queremos expresar nuestro rechazo a este fallo y el apoyo al pueblo de Ecuador y a las organizaciones que han defendido a las y los afectados por Chevron Texaco, así como plantear nuestra honda preocupación por las señales que se han estado lanzando desde el Gobierno ecuatoriano respecto del caso Chevron, y sus repercusiones para la primacía de los derechos humanos y de la naturaleza.
Es importante recordar que Ecuador hizo historia al incluir el artículo 422 de su Constitución de 2008, el cual prohíbe la cesión de jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. En esta misma línea, Ecuador lanzó una importante campaña de denuncia de los crímenes contra la naturaleza cometidos por las empresas petroleras, en las que participaron personalidades de renombre mundial, en apoyo a las más de 30,000 personas afectadas por los vertidos tóxicos de Texaco. Adicionalmente, Ecuador auspició y ha venido sosteniendo el proceso del Tratado vinculante en Naciones Unidas, presidiendo el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales ETN y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho Internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Todas estas iniciativas merecieron el reconocimiento internacional de miles de organizaciones y colectivos en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, que hoy miran a Ecuador y al Gobierno de Lenin Moreno consternados y con honda preocupación.
En lugar de defender su sistema judicial y la vigencia del derecho al acceso a la justicia en el país, así como los principios constitucionales respecto de los tratados de inversión y los derechos de las comunidades y personas afectadas, el día 6 de septiembre el Gobierno del Ecuador publicó un comunicado donde se anunció –conociendo ya el sentido del laudo oculto todavía a la opinión pública– que solicitaría a la Procuraduría que cualquier daño causado al Estado en este caso fuera trasladado a los funcionarios de Gobierno del anterior presidente Rafael Correa. Sin embargo, cabe destacar que desde que asumió funciones el Gobierno de Lenin Moreno ha señalado a través de distintos funcionarios que buscaría “dialogar con Chevron”, tal como anunció en septiembre de 2017 el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Llama la atención el hecho que autoridades del actual Gobierno de Ecuador como el Canciller José Valencia, quienes se han pronunciado públicamente en contra de las violaciones cometidas por Chevron. Entonces, estos actuales funcionarios del Gobierno de Ecuador, ¿también habrían manipulado a la opinión pública?
No es el primero de los pasos atrás del Gobierno de Lenin Moreno, cuyo embajador ante Naciones Unidas en Ginebra publicó en el mes de junio un borrador del Tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que, con un contenido insuficiente, impreciso y deliberadamente poco exigente con las responsabilidades de las empresas respecto de los derechos humanos, da la espalda a cuatro años de trabajo en el ámbito internacional y dilapida los esfuerzos de la sociedad civil global por consolidar sinergias en el ámbito internacional.
La preocupación por la deriva del actual gobierno de Lenín Moreno, dándole la espalda a los derechos humanos y al bienestar de las mayorías sociales se agranda día a día, por lo que los firmantes hemos decidido pasar a la acción en defensa de nuestras compañeros y compañeras afectadas por Chevron Texaco. En este sentido, exigimos al Gobierno ecuatoriano que transparente toda la información sobre la defensa ejercida a favor de los intereses del Estado y pueblo ecuatoriano, sobre todos los diálogos mantenidos con la empresa Chevron. Así mismo, demandamos una explicación de cuál va a ser su línea de actuación para la defensa de los derechos de las víctimas de las transnacionales en este caso y en los que puedan acontecer, así como una rectificación respecto de la línea mantenida por su misión permanente en Ginebra respeto del Borrador del Tratado, que fue presentado a espaldas de la sociedad civil y de las afectadas y afectados por las transnacionales.
Nuestras organizaciones se alzan contra las violaciones de estos derechos cometidos por las empresas transnacionales, defienden a las y los afectados, trabajan para conseguir el fin de la impunidad de estas empresas y luchan por conseguir la plena primacía de los derechos de las personas y la naturaleza frente a las políticas de promoción del comercio y atracción de la inversión. Ecuador fue un aliado en muchas de estas luchas, esperamos que el Gobierno de Lenin Moreno vuelva a la senda de la defensa de los derechos humanos y la naturaleza frente al poder corporativo.
Por favor circulalo con tus redes y contactos, buscamos ampliar la suscripción de personas u organizaciones que deseen solidarizarse con las afectadas y afectados de Texaco.
#ChevronCulpable #NoMasImpunidad
Si quieres suscribir a tu organización o personalmente, envía tu nombre completo y manifestación de interés a: cdes@cdes.org.ec
