Economía Verde: Desterritorialización en nombre de la conservación
Por: Censat Agua Viva/Fospa Colombia
A lo largo y ancho de América Latina las luchas de los pueblos por permanecer en sus territorios conservando sus medios y modos de vida son cada vez más visibles. El eco que estas luchas han generado en la opinión pública ha suscitado que en distintos países de la región los gobiernos vean cuestionadas sus políticas en materia minera, energética o forestal.
Sin embargo, otras formas de despojo que no han alcanzado aún la resonancia que merecerían para poder ser problematizadas, son las relacionadas con ciertas figuras de conservación, las cuales suelen incluirse en el difuso término de Economía Verde. Con esto no queremos negar la evidente crisis ambiental a la cual nos ha conducido el sistema político y económico imperante, pero sí alertar sobre formas de gestión donde esta grave problemática es tratada apenas desde algunos síntomas como las emisiones de dióxido de carbono, CO2.
Con ese contexto, desde el Comité Nacional del Foro social panamazónico en Colombia quisimos reflexionar en torno a la implementación de algunos mecanismos que componen la estrategia de la Economía Verde, y cuyos riesgos identificamos para los pueblos panamázonicos asentados en territorios donde pretenden expandirse, así como para todas las formas de vida en el planeta.
Para esto realizamos el pasado 1 de Marzo, en la sede de la Organización Nacional Indigena de Colombia -ONIC un conversatorio denominado Desterritorialización: Economía verde, sus riesgos e impactos, donde nos acompañaron Mercedes Mejía, profesora de Ingeniería Agroecológica de la Uniamazonía sede Florencia e integrante de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio de Caquetá -MEDAT , Beiman Jiménez, asesor técnico y metodológico de la consejería de territorio, recursos naturales y biodiversidad de la ONIC y Édgar Pérez; abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala, quien junto con otros compañeros y compañeras de este país centroamericano estuvieron participando en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevadas a cabo en Bogotá a finales de Febrero y principios de Marzo.
La intención del Bufete Jurídico de Derechos Humanos que acompaña a más de 60 comunidades en un alto riesgo de desplazamiento, pues de acuerdo a las autoridades de Guatemala, en palabras de Édgar Pérez “si vives en un área protegida, tarde o temprano te van a sacar”; era denunciar la situación de la comunidad de Laguna Larga, asentada en la Reserva de la Biósfera Maya. Comunidad que fue desplazada desde Junio de 2017 por la implementación del millonario proyecto de créditos de carbono “Guatecarbon”, presentado por el gobierno guatemalteco en la COP21 de París. Sentando asi precendentes preocupantes sobre el tratamiento que dan los Estados nacionales y los actores corporativos a los pueblos y comunidades empobrecidas.
En el conversatorio se profundizó sobre este caso, donde muchas de las personas indígenas y mestizas, fundadoras de Laguna Larga, llegaron allí huyendo de la violencia padecida -entre otros casos, en la llamada masacre de las Dos Erres en Petén- y se vieron forzados, nuevamente a abandonar la vida que habían venido reconstruyendo, ante la amenaza militar y policial que representaban los más de 1000 efectivos movilizados para el desalojo de estas más de 400 personas.
Sobre esto preocupa profundamente que actualmente y a pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, las familias desplazadas se encuentran en un improvisado campamento en la línea fronteriza con México, sin agua, sin formas de sustento, con niños enfermos. Además han sido víctimas del señalamiento colectivo, la judicialización y encarcelamiento de líderes comunitarios, aún en contra de las disposiciones de las mesas de negociación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para evitar, justamente, desalojos y detenciones, por el delito de “usurpación a áreas protegidas”.
Tras la exposición de este emblemático caso se hicieron evidentes los riesgos de desterritorialización implícitos en formas de conservación donde priman la Economía y no la naturaleza o los pueblos. Lo que ya comienza a alertar a Colombia; como en Caquetá, donde según lo relatado por Mercedes Mejía, algunos comuneros del pueblo Coreguaje, firmaron en diciembre pasado contratos para “venta de oxígeno”, en una reunión donde las autoridades tradicionales no fueron citadas y del cual no pudieron conservar una copia de los acuerdos suscritos, situación que no puede menos que generar suspicacias en torno a las implicaciones de los mismos frente a los derechos sobre el territorio, además, este proceder ser vincula a la práctica de promover desde las empresas, divisiones internas en las comunidades.
En esa línea, Beiman Jiménez, como vocero de la ONIC, evocó las luchas históricas de los pueblos indígenas por la autonomía territorial, y manifiestó la necesidad de investigar y discutir al interior de las organizaciones la pertinencia de acogerse a este tipo de mecanismos, por las implicaciones que podrían tener para estas reivindicaciones. Sobre esto ya han visto los primeros inconvenientes en la Selva de Matavén en Vichada, donde algunas comunidades (no hispanohablantes en su totalidad) firmaron contratos de mercados voluntarios de carbono redactados en inglés, sin conocer sus consecuencias e implicaciones.
Asi, en el conversatorio donde participaron alrededor de 50 personas, se llamó la atención sobre como los riesgos suelen ser tan grandes para la naturaleza, como para los pueblos, quienes por demás pierden parcialmente, en el mejor de los casos, la capacidad de decidir sobre sus territorios. Por esto es tan importante aprehender, impulsar y apoyar las apuestas indígenas en materia ambiental, que apuntan al reconocimiento de estos pueblos como autoridades ambientales en sus territorios. Sin perder de vista que el fortalecimiento de la autonomía territorial de comunidades rurales que movilicen o no identidades étnicas y de los vínculos que han unido a estos pueblos con las aguas, los suelos, los árboles, o los animales, son las únicas garantías para que los pueblos reproduzcan el cuidado comunitario de territorios, tan amenazados por políticas como las extractivas y las de Economía Verde que imponen formas de valorar y vivir los territorios.
Con este panorama, y ante la diversidad de proyectos de Economía Verde en ciernes sobre la panamazonía, donde se incluyen mecanismos e instrumentos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD), Pago por Servicios Ambeitnales (PSA) o Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Desde el Comité colombiano del Foro Social Panamazónico queremos motivar debates sobre el tema entendiendo la importancia del pensamiento colectivo a la hora decisiones adecuadas sobre los territorios en clave de sustentabilidad y autonomía territorial.
