Entrevista de Camilo Chica, comunicaciones Fospa Colombia, con Sofía Jarrin, Advocary Advisor de la organización Amazon Watch
Después de 6 meses de uno de los mayores derrames de petróleo ocurridos en la amazonía ecuatoriana, que ha afectado a miles de pobladores que viven alrededor de los ríos Napo y Coca, las autoridades ecuatorianas y las empresas extractivas han vulnerado sistemáticamente los derechos de los afectados y dilatado las acciones jurídicas de protección ocasionando un grave impacto ambiental y social.
La Alianza por los Derechos Humanos en el Ecuador junto a las comunidades afectadas han emprendido un largo proceso para que el Estado de Ecuador genere una reparación integral frente a este grave hecho, que pudo haberse prevenido. Las comunidades iniciaron un proceso jurídico exigiendo al Estado acciones de protección y medidas cautelares, que no fue tenido en cuenta por el Estado y fue rechazada por un juez, por lo que debieron presentar una denuncia por las irregularidades en la acción de protección, presentado el proceso ante el Consejo de la Judicatura, sin respuesta hasta el momento. Además, han tenido que sufrir la presión por parte de las empresas OCP, Petroecuador y MAE para que validen una falsa remediación de los ríos Coca y Napo.
Para enfrentar este flagelo, las comunidades han puesto en marcha un Tribunal Ético Popular, se han movilizado y demandado el Estado; sin embargo, la negligencia y desidia por parte del estado son evidentes.
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Desde el equipo de comunicación Fospa Colombia, entrevistamos a Sofía Jarrin de la organización Amazon Watch para que nos contará como ocurrió este lamentable hecho y nos profundizará frente a las afectaciones generadas y los procesos jurídicos emprendidos para mitigarla.
Camilo Chica: ¿Sofía ya han pasado seis meses desde que se generó el derrame de petróleo en la amazonía ecuatoriana, cuéntanos ¿cómo, cuándo y dónde se generó este hecho?
Sofía Jarrin: El derrame de petróleo ocurrió el 7 abril de este año, hace más de 6 meses, en el norte de la amazonía ecuatoriana. Se produce por la ruptura de 3 oleoductos que son como las vertientes de transporte del crudo amazónico, donde los operadores son EP Petroecuador, OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) y el Poliducto Shushufindi-Quito. La ruptura de los oleoductos se da por la erosión regresiva del rio Napo y Coca, que es un fenómeno natural que se ve acelerado por causas antrópicas. Lo que han planteado expertos y expertas en la materia, es que la aceleración del río ya tenía tiempo atrás, de hecho, desde hace varios meses, desde octubre ya se planteaba un proceso de erosivo que había sido identificado, anunciado anticipadamente, por qué existe el colapso de la cascada San Rafael el 2 febrero y con ese colapso se advirtió la situación de este fenómeno de erosión regresiva acelerada; sin embargo las empresas operadoras de petróleo no hicieron ningún tipo de acción de mitigación o de prevención de riesgos sobre la infraestructura petrolera, dando lugar a la ruptura de los oleoductos.
Camilo Chica: ¿Qué causo la aceleración de la erosión regresiva de los ríos Napo y Coca, y cuáles fueron las afectaciones sociales y ambientales?
Sofía Jarrin: Una de las causas que se atribuye a la aceleración regresiva del río es la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que es una de las inversiones más grandes en cuanto a materia energética en el país y que justamente está generando todo este proceso y este fenómeno natural, especialmente que se manifiesta en el río coca. El derrame petrolero es un derrame que se ha sido calificado como el derrame más grande de los últimos 15 años, ya que su magnitud es sumamente importante, ya que ha afectado directamente a 120.000 mil personas que están ubicadas en las riberas del río Coca y además, particularmente a 27000 personas de origen indígena Kichwa, que habitan 105 comunidades. Con el derramamiento de petróleo estas comunidades quedaron totalmente desprotegidas, en cuanto al acceso al agua y también la destrucción de sus sembríos, además de la imposibilidad de tener alimentación, pues su fuente principal es la pesca; y sobre todo considerando el agravante de que se dio en medio de la crisis de la pandemia.
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Camilo Chica: ¿Qué afectaciones a los derechos humanos se han generado en este proceso, qué acciones jurídicas emprendieron las comunidades y cuál ha sido la respuesta del estado y de las empresas extractivas?
Sofía Jarrin: Las comunidades afectadas, las organizaciones indígenas, junto a organizaciones de derechos humanos. presentamos una acción de protección con medidas cautelares para lograr la reparación integral y que exista una atención inmediata, por parte del Estado a las comunidades afectadas, porque esto se genera en un contexto de pandemia, donde la situación de vulnerabilidad se maximiza. Una de las razones fundamentales, por ejemplo el tema del acceso al agua, que es un elemento vital para poder combatir justamente el virus, está totalmente restringido y las comunidades que se aprovisionan de las afluentes del río se quedan negadas del líquido vital, Y frente a esto las empresas operadoras que debían asistir y de alguna forma generar algún tipo de respuesta para dar provisiones de agua y alimentos, simplemente no dieron respuestas y las comunidades han tenido un acceso limitado de agua, más o menos de medio litro de agua diario, cuando la OMS plantean que en época de pandemia las personas deben tener al menos 15 litros de agua al día.
Otro de los factores es el tema alimenticio, pues ya no hay peces en el rio y si los llega haber están totalmente contaminados. También la lógica de las chacras, que son los sembríos de las comunidades indígenas están totalmente destruidos por la contaminación y la pestilencia, entonces las comedias tampoco tienen acceso a alimentos. Además, este hecho irrumpe con todos procesos bióticos del rio, generando un proceso destructivo, que, si no se hace una remediación adecuada, llevara un proceso de muchísimos años.
Por otro lado, otro de los derechos vulnerados, sobre todo, es el tema del acceso a la información y los temas de consulta. Cuando se da la ruptura del rio, nótese que nosotros hemos basado todos los procesos jurídicos de acción de protección con medidas cautelares, señalando de que este fue un derrame previsible, por lo que ocurrió justamente con la cascada de San Rafael y las empresas y el Estado jamás tomaron medidas para poder mitigar este proceso o desviar la infraestructura petrolera para que no ocurriera el derramamiento de petróleo. Y cuando se da el derramamiento de petróleo las comunidades no se enteran, por lo que existe una vulneración al acceso de información y realmente en la forma en la que ellos se dan cuenta es cuando usan el río, porque sus cuerpos quedan manchados y porque el río tiene olor a combustible y crudo. Otro de los derechos vulnerados, además de los que ya he citado, es el derecho a la defensa y al debido proceso, que debería actuar con celeridad, pues es la vulneración de derechos humanos y están protegidos por la Ley de la República, que debe de tener una acción; sin embargo, las comunidades que presentaron este proceso, nunca recibieron las medidas cautelares.
Finalmente, la sentencia del 1 de septiembre sobre la acción de protección, el juez se acogió a un tecnicismo, promovido por parte de las empresas, que reconoce la vulneración de los derechos citados, sin embargo que la vía no es la adecuada, que no es la vía constitucional, sino la administrativa o penal, lo cual es un desconocimiento sobre el debido proceso y por otro lado, esa sentencia que se dio el 1 septiembre, aún no hemos sido notificados, negando el derecho a la defensa y la réplica frente a la sentencia del juez. Otro de los derechos vulnerados y qué es importante destacar es el derecho a la consulta, en el sentido de que todas las medidas de mitigación y remediación que han hecho las empresas, o que alegan haber hecho las empresas, jamás han sido consultadas con las comunidades afectadas y además con la entrega de kits alimenticios y agua hacen firmar a las comunidades documentos, en donde ellos niegan la posibilidad de poder generar un proceso legal contra las empresas, además han ofrecido puestos de trabajo para la supuesta remediación, dividiendo las comunidades.
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*Foto portada: Vertido de petróleo en el río Coca en la Amazonía de Ecuador. / EDU LEÓN
