El pueblo indígena Urarina de la cuenca del Chambira, región Loreto, reúne y grafica los múltiples problemas que afrontan nuestros pueblos indígenas, no solo de la Amazonía sino también los andinos, cada cual con sus particularidades. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre esos problemas: dificultades para la ejecución de los programas sociales, en el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI), en la continuidad de la educación secundaria y la contaminación de sus fuentes de agua.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú – ONAMIAP saluda la iniciativa y la infatigable labor de la Defensoría del Pueblo en la investigación de la situación de nuestros pueblos indígenas y en la gestión de soluciones, como la reunión con representantes de diversos sectores del Ejecutivo y el gobierno regional, que han permitido que el Estado asuma compromisos para solucionar los problemas del Pueblo Urarina.
En este marco, es importante señalar que no se trata de un hecho aislado. El tema de los programas sociales no es solo de acceso. En general, carecen de un enfoque intercultural y son ajenos a la realidad y las necesidades de nuestros pueblos indígenas. Frente a ello, como ONAMIAP planteamos que “la firma de un convenio interinstitucional que permita articular acciones de monitoreo de los programas sociales”, anunciada por la Defensoría del Pueblo en el citado pueblo amazónico, debe generalizarse y convertirse en un mecanismo permanente de los programas sociales a nivel nacional.
En cuanto al acceso, señalamos también que los funcionarios encargados de ejecutar estos programas sociales en muchos casos excluyen a los pueblos indígenas. Es el caso de las comunidades de Espinar, en la región Cusco: los y las ancianos y ancianas que han acudido, venciendo dificultades de traslado, a gestionar la Pensión 65, han recibido como respuesta: “ustedes tienen plata porque tienen la mina, pídanle a la mina”. Es decir, el Estado traslada sus obligaciones al sector privado.
Muchas veces hemos dicho que los pueblos indígenas no somos objeto de asistencia sino sujetos de derechos. Los programas sociales pueden ser un paliativo para situaciones de emergencia, pero se necesitan políticas públicas que vayan a las raíces de los problemas. Los pueblos indígenas, además, podemos aportar, si nos superan los obstáculos para ser proveedores de los programas de alimentación, que asegurarían alimentos propios nutritivos y de calidad para nuestros y nuestras escolares, por citar un ejemplo.
En cuanto a la falta de acceso al DNI, el RENIEC desarrolla programas importantes, pero lamentablemente insuficientes por la falta de los recursos que exige llegar a las comunidades amazónicas. En el reciente proceso de consulta del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, al tocar el tema de acceso y permanencia en la educación, las organizaciones indígenas planteamos que en tanto este problema se resuelva, mediante acciones coordinadas del Ministerio de Educación y el RENIEC, el DNI no sea exigido para la matrícula. Y que sean creados colegios secundarios a manera de internados en lugares estratégicos de la Amazonía para superar las dificultades de traslado.
En cuanto a la contaminación de las fuentes de agua, esenciales para el consumo humano, la agricultura y la ganadería, los recientes derrames de petróleo en Amazonas y Loreto han evidenciado el problema, pero sabemos que además hay cuencas enteras declaradas en emergencia en la Amazonía, ríos andinos contaminados con metales pesados que afectan la salud principalmente de los niños y las niñas, cientos de pasivos ambientales de proyectos mineros que no reciben tratamiento. Sin mencionar la apropiación de las fuentes de agua por los proyectos mineros.
Los problemas y dificultades de nuestros pueblos indígenas son múltiples. Urgen soluciones. Con nuestra participación. Y con efectivos enfoques de derechos, de interculturalidad y de género. Con un diálogo respetuoso y efectivo con el Estado.
