Conclusiones del Eje Temático 4: Resistencia de las mujeres

DECLARACIÓN DE LAS MUJERES:
Eje de la resistencia de las mujeres en defensa de sus cuerpos y territorios ¡no se tocan, no se violan, no se matan!

Las mujeres reunidas en el XI Foro Social Panamazónico Rurrenabaque y San Buenaventura, Bolivia, del 12 al 15 de junio del 2024, en la Casa de las Resistencias de las Mujeres en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios (Eje 4 Resistencia de las Mujeres). Somos mujeres indígenas de pueblos originarios, de las aguas, campesinas, negras, raizales, quilombolas, afrodescendientes, quebradeira de coco babasu, jóvenes, mayoras, urbanas, rurales, de las diversidades, colectivas y de organizaciones sociales, nos reconocemos como actoras políticas que transformamos, y lideramos los procesos sociales del sur global. Estamos en primera línea de lucha y defensa por la soberanía de nuestros cuerpos, la naturaleza y los territorios. Nos manifestamos contra las múltiples opresiones que nos afectan, en rechazo y resistencia de la desigualdad, el patriarcado, el colonialismo, el capitalismo y la arremetida de los extractivismos que están incrementando y reproduciendo las violencias en nuestras vidas, y aumentando las cargas de trabajo que naturalizan la desigual distribución de las responsabilidades en el cuidado de los bienes de la naturaleza, del hogar y de la familia, que posibilitan el sostenimiento de la vida.

Las mujeres pan amazónicas somos conscientes de la dominación geopolítica global reforzada por fundamentalismos políticos, económicos y religiosos, que se han afianzado en el poder de nuestros estados y gobiernos amparados en nuestros países, afectando nuestros territorios; llevándonos a la marginalización e imponiéndonos estilos de vidas que no responden a nuestra identidad cultural, sin respetar nuestros derechos humanos individuales y colectivos, nuestra autonomía, autogobiernos, autodeterminación y ancestralidades, en un marco de “democracias” que NO nos representan y que por el contrario nos discriminan y violentan considerándonos ciudadanas de segunda categoría. Nos toca seguir luchando, articuladas en nuestras amplias diversidades, para transformar esta situación de opresión: construyendo, rescatando, transmitiendo y revalorizando las democracias comunitarias participativas e inclusivas que garanticen liderazgos y visibilicen estos procesos, que juntos como pueblos indígenas originarios necesitamos para alcanzar dignamente el buen vivir en igualdad que nos merecemos.

La ofensiva capitalista, neoliberal y sus procesos de despojo, sobrexplotación y devastación de la panamazonía avanzan, profundizando la explotación extractiva, vulnerando los cuerpos de las mujeres, como nuestro primer territorio. Somos las más afectadas por la violencia sexual, el feminicidio, la desaparición, los ataques a nuestros derechos sexuales y reproductivos, a la diversidad, la disidencia sexual y de género. En ese contexto, al que se suma la militarización de los territorios, nosotras RESISTIMOS Y RECHAZAMOS.

Los estados y gobiernos son responsables de la penetración de capitales que destrozan la madre naturaleza, de la impunidad ante las violencias que enfrentamos, debiendo cumplir las recomendaciones, los estándares y principios internacionales de derechos humanos y salvaguardas para la vida de las mujeres indígenas y originarias en los territorios.

La Casa de Resistencia de Mujeres, reconectada con nuestra ancestralidad y espiritualidad reafirma su compromiso por la construcción de luchas que más allá de la resistencia, recreen la democracia que queremos, preserve formas de vida, alimente horizontes de futuro y buen vivir. Frente al conflicto entre el capital y la vida, exigimos la construcción de perspectivas sistémicas, y la vivencia libre de todas las dimensiones de nuestra existencia, y el fin del patriarcado capitalista colonial racista.

RESISTIR Y SEGUIR LUCHANDO HASTA CONSEGUIR IGUALDAD, AUTONOMÍA Y LIBERTAD EN LA DIVERSIDAD DE LAS MUJERES DE LA PANAMAZONÍA

DENUNCIAMOS:

1. La invisibilización de nuestras resistencias, luchas y propuestas en defensa de nuestros territorios, bienes de la naturaleza y cuerpos frente al extractivismo, agroexportación y agronegocios que vulneran nuestros derechos, cuerpos y territorios.
2. Las afectaciones, impactos diferenciados, violaciones, que genera este CRIMEN (crisis) climático y produce sobrecarga en la economía del cuidado y pone en riesgo la seguridad, la soberanía alimentaria y salud de los pueblos.
3. A las economías legales e ilegales que profundizan la violencia estructural, que reduce el ejercicio pleno de nuestros derechos a los espacios seguros y libres de violencias, para silenciar, desconocer y deslegitimar nuestras voces y liderazgos en nuestros territorios y organizaciones.
4. La intromisión y ruptura del tejido social de los pueblos y organizaciones sociales que viven en el territorio de la Amazonía a través de la manipulación y dominación económica usada por estados, gobiernos, empresas y terceros, que ponen en peligro la subsistencia y la vida de las mujeres, impidiendo nuestra participación y nos ponen en riesgo como defensoras y lideresas.
5. La persecución, criminalización, judicialización, asesinatos y feminicidios a defensoras de derechos, por parte de Estados, gobiernos, empresas y terceros para mantener su complicidad y relaciones de poder.
6. La falta de atención y acceso a la justicia por abusos y violencia sexual, trata y tráfico de niñas y jóvenes de pueblos indígenas y amazónicos. Los embarazos de nuestras niñas y adolescentes nos duelen, porque son crímenes irreparables. Sufrimos el hambre y el abandono de los que los niños son parte por este sistema económico generador de marginalidades.
7. La falta de acceso a la información oportuna y veraz sobre asuntos que afectan y atentan a nuestras formas de vida, naturaleza, territorios y cuerpos, para seguir sosteniendo las economías extractivistas insostenibles.
8. Vulneración de nuestras autonomías, autogobiernos y autodeterminación por la falta de consulta previa, libre e informada, amparada como un derecho humano de los pueblos indígenas, disfrazada de consulta pública para invalidar nuestros procesos propios de consulta y toma de decisiones.
9. El despojo de nuestros territorios y sus recursos naturales, por economías legales e ilegales y avasallamientos, que ponen en riego nuestra subsistencia y la permanencia en nuestros territorios.
10. Las falsas soluciones, los bonos de carbono y los bonos basados en la naturaleza que se disfrazan de modelos de desarrollo y economías basadas en los recursos de la naturaleza.

EXIGIMOS:

1. Desarrollar y fortalecer las iniciativas económicas desde nosotras en los territorios de la panamazonía, respetando nuestra ancestralidad e identidad cultural, promoviendo liderazgos para enfrentar nuevos retos políticos y económicos a partir de nuestros saberes.
2. Garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas originarios de la Amazonía, especialmente de las mujeres, en acciones de tutela en defensa y cuidado de la Amazonía para reducir los impactos del cambio climático.
3. Promover espacios libres de violencias en nuestros territorios, de megaproyectos que violentan nuestros cuerpos, nuestros territorios y agudizan la crisis climática.
4. Garantizar el ejercicio y exigibilidad de los derechos de mujeres indígenas originarias andinas amazónicas de los pueblos que defendemos los bienes de la naturaleza.
5. Garantizar la salud integral de las mujeres y niñas, con énfasis en su salud sexual y salud reproductiva brindando información oportuna y clara; la recuperación de sabidurías ancestrales (médicos/as tradicionales, parteras, entre otros).
6. La no mercantilización de la amazonia. La financiación verde y mega proyectos no pueden ser usados como mecanismos que justifiquen que empresas sigan explotando, contaminando, causando la crisis climática y poniendo a los pueblos indígenas originarios como mano de obra en forma de nuevas esclavitudes, y proveedores de materias primas enriqueciéndose a nuestra costa.
7. El libre acceso al Agua de calidad y en cantidades suficientes para la supervivencia, como derecho fundamental para la vida; las mujeres somos la más afectadas por la sequía de nuestros ojos de agua, y de nuestros ríos. Las reservas de aguas que riegan nuestros territorios están contaminadas por el mercurio, por los agroquímicos y desechos tóxicos de las empresas.
8. La seguridad jurídica de nuestros territorios. Respeto por los territorios titulados y que se cumplan las demandas territoriales de los pueblos indígenas y originarios de la panamazonía.
9. Exigimos a los Estados, gobiernos, empresas, y terceros a responsabilizarse por daños y pérdidas causadas por actividades extractivistas, agronegocio, agroexportación que afectan nuestros cuerpos y nuestros territorios.

PROPONEMOS:

1. Revalorizar y recuperar las identidades culturales indígenas originaras en la práctica reforzando vínculos entre sabios/as y jóvenes para la transmisión cultural. Promover profesores/as nativos y hablantes del idioma, para favorecer la educación en lengua materna y en la propia comunidad, que no lleve a la migración forzada de jóvenes. Garantizar el acceso real a la educación inclusiva en todos sus niveles con currículos regionalizados que respondan a las necesidades reales del territorio, la cultura y la espiritualidad. Promover el acceso a la educación tecnológica y el acceso a nuevas tecnologías para articularse y hacer gestión territorial.
2. Fortalecer las luchas para eliminar la violencia en nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras comunidades, comprometiendo a los compañeros en este desafío para alcanzar el buen vivir en igualdad.
3. Trabajar en normativas internas y gubernamentales que favorezcan el ejercicio real y seguro de la participación política de las mujeres, garantizando la alternancia en equidad efectiva entre varones y mujeres.
4. Avanzar hacia una transición energética justa, con garantías de participación de las mujeres que habitamos en los territorios indígenas amazónicos y que se las tenga en cuenta como protagonistas de las consultas previas, libres e informadas.
5. Crear una red de articulación entre las organizaciones de mujeres de los pueblos indígenas originarios panamazónicos para generar una agenda común, un plan de vida, y un protocolo estandarizado de consulta previa libre e informada.
6. Hacer seguimiento a los casos presentados en el tribunal ético en defensa de los cuerpos, y de la discriminación de la que ha sido víctima una lideresa indígena; no podemos quedar indiferentes debemos acompañar, visibilizar y continuar procesos.

Este documento es un instrumento que hemos construido para generar una hoja de ruta y acción conjunta, para ser usado en espacios de incidencia y denuncia a nivel local, regional e internacional.

QUEREMOS PRONUNCIARNOS EN SOLIDARIDAD con la población PALESTINA, especialmente por las niñas y mujeres doblemente victimizadas en esta guerra horrorosa.

NUESTROS CUERPOS Y TERRITORIOS ¡NO SE TOCAN, NO SE VIOLAN, NO SE MATAN!

Resumen del Tribunal de Mujeres para la Conferencia de Prensa
de La Paz, Bolivia, al termino del XI FOSPA

En ciudad de Rurrenabaque, la Perla Turística del Beni, (Beni, Bolivia), a los catorce días del mes de junio del año 2024, sesionó el Tribunal Ético en Defensa del Cuerpo y Territorio de las Mujeres Indígenas Amazónicas y Andinas (en adelante el Tribunal), integrado como Presidenta Carla Baré, lideresa indígena del pueblo Baré, integrante de la organización COIAB de Manaos, Amazonas Brasil; como vocales Ailin Vaca Diez, de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerio (CNAMIB – Bolivia), Cristina Gavancho León (IDL-Perú); Rosalía Matene (Territorio Indìgena Multiétnico-CNAMIB – Bolivia) y Manuela Villafuerte Merino (Luna Creciente – Ecuador). Como jueza y secretaria Lily Calderon Ramos, de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM-Perú, Bolivia) y como jueza y relatora del Tribunal estuvo Luna Contreras (CAAAP Perú – Colombia). 

Las juezas en mención destacamos el coraje y valentía de las mujeres indígenas amazónicas y andinas que testimoniaron ante este Tribunal. Y luego de escuchar el relato de Juanita Taseo de la Organización de Mujeres Indígenas Migueleñas (OMIM sobre el Caso Central de Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco-CCISM) quien denunció la situación de las Comunidades Indígenas de San Miguel de Velasco, por el despojo de su territorio a manos de avasalladores con el respaldo del INRA, y la criminalización de lideresas por defender su territorio; de Valda Wayoro en su calidad de Casica del pueblo Wajoro de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (COIAB), quien relató la grave situación de omisión de titulación del territorio ancestral del pueblo Wayoro, que por más 20 años el Estado de Brasil no les reconoce, entregando a terceros, derechos sobre los mismos sin consulta, generando criminalización y agresión física, sexual y espiritual a lideresas, sin garantizarles acceso a la justicia.

Asimismo, el relato de Mariluz Canaquiri y Emilsen Flores, de la Federación de Mujeres Indígenas Huaynakana Kamatahuara Kana, sobre el caso del pueblo kukama y su lucha por el reconocimiento del Río Marañón como sujeto de derechos, como una alternativa para hacerle frente a la contaminación provocada por la explotación petrolera. que ha generado graves afectaciones a la salud del pueblo y de las mujeres a las que representan, hasta la fecha impunes; y de Zulma Rivera del pueblo Nasa del Putumayo de Colombia, sobre el incumplimiento de acuerdos de paz en Colombia, firmados en el 2016, generando graves afectaciones a su pueblo por la militarización, contaminación, realización de proyectos extractivistas mineros en su territorio sin consulta, afectando gravemente a las mujeres que son vistas como botín de guerra, y asesinando a sus dirigentes, enfrentando el reclutamiento de sus hijos por diferentes grupos armados y el desplazamiento forzado; Fanny Kaekat del Pueblo Shuar Arutam de Ecuador, sobre el despojo territorial que sufre su pueblo de parte del Estado y empresas, que provocando el rompimiento del tejido social imponen proyectos mineros, hidroeléctrico, y madereros; criminalizando a sus líderes y lideresas a través de desalojos forzados, con un uso desproporcionado de la fuerza privada y estatal, amenazando la vida y salud de las lideresas defensoras de derechos humanos indígenas.  

También el relato de Mariela Melgarejo,  Milena Martinez responsable de Educación APG y Evarista Cadencia Ramón Mburuvicha Guasu zona Yaku-Igua sobre el Caso de las Mujeres guaraníes del chaco boliviano, en su defensa de la Reserva Natural Aguaragüe que es parte de su territorio ancestral, de la que depende las fuentes de agua de 60 comunidades (50 indígenas y 10 campesinas) y 2 municipios de la zona, hoy amenazadas por la explotación de hidrocarburos y la construcción del proyecto del túnel de Aguaragüe; y el relato de Seferina Justo de la comunidad Awajún y Rosmery Pioc Tenazoa sobre el caso de violencia sexual en contexto escolar dentro del distrito de Condorcanqui, región Amazonas, sobre la agresión sexual sistemática a niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui por parte de docentes, donde a pesar de más de 600 denuncias los casos han sido desestimados por falta de pruebas. 

HABIENDO CONOCIDO LOS CASOS, ESTE TRIBUNAL CONCLUYE:

1. Que los Estados de Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, vienen incumpliendo sistemáticamente con los acuerdos internacionales firmados en favor de los pueblos indígenas y con las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura, los Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú; al no garantizar la consulta y consentimiento libre previo e informado que es una garantía para que las/os individuas/os y los pueblos indígenas de los cuales son parte puedan desarrollar sus proyectos de vida de acuerdo a su buen vivir.

También incumple la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Declaración de la Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. (Declaración sobre los defensores de derechos humanos).

Que el gobierno peruano está poniendo en indefensión repudiable e inaceptable, con una indignante aquiescencia de las instituciones del sistema educativo y de justicia del país, los derechos de las niñas, niños y adolescentes y sus derechos sexuales y derechos reproductivos, por la impunidad de más de 600 casos de violencia sexual por parte de docentes en Condorcanqui, Amazonas. 

Compartimos nuestra indignación con organizaciones indígenas y de derechos humanos, sobre las expresiones del Ministro de Educación peruano ante lo relatado en el caso de violencias sexuales en contexto escolar en el país mencionado, normalizando estos graves delitos al calificarlos como “prácticas culturales”. Exigimos que el gobierno peruano asuma su responsabilidad política y la manifieste con su inmediata destitución.

Haremos llegar al Relator de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la ONU, el veredicto emitido por este Tribunal Ético en Defensa del Cuerpo y Territorio de las Mujeres, y, confiamos emitan los pronunciamientos respectivos e implementen las debidas acciones de supervisión sobre el incumplimiento de los estándares internacionales para la protección de la niñez en estos casos, velando por la restitución de derechos, reparación integral y no repetición de delitos y vulneraciones.

• Los Estados, al promover el desarrollo de proyectos extractivistas de infraestructura, minería, turismo, afectan los bienes comunes esenciales para la vida humana y las formas de sociabilidad de las mujeres y los pueblos que son expulsados y despojados de sus territorios.
• Que las políticas económicas extractivas y su implementación, ignoran las realidades de los pueblos indígenas y campesinos panamazónicos y sus procesos históricos de Buen Vivir, imponiendo legislaciones nocivas que vulneran sus derechos ancestrales y sus cosmovisiones, y, no respetan ni promueven los derechos de autodeterminación de los pueblos.
• Que la participación de las poblaciones afectadas en los territorios concesionados y de las mujeres en particular, no está siendo respetada por los Estados, lo que se contrapone al derecho de una real democracia.va en detrimento de la calidad democrática.
• Que las ventajas otorgadas por el Estado a los inversores nacionales y extranjeros, alimentan los conflictos socio ambientales al no considerar las graves consecuencias de sus emprendimientos en la vida de las mujeres y sus familias.

Los casos presentados a este Tribunal son ejemplo de una estructura económica impuesta y requieren la adopción de medidas inmediatas, tomando como bien supremo a las personas y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres amazónicas y andinas.