La República Popular China (China) acogió 284 de 346 recomendaciones, que fueron sugeridas por decenas de países en el marco de su tercer Examen Periódico Universal (EPU), realizado el pasado 15 de marzo en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU). En la sesión de adopción del informe del EPU, la delegación china expresó que su apertura a recibir dichas recomendaciones “…demuestra completamente la determinación china y su actitud abierta y activa hacia la promoción y protección de los derechos humanos.”
El EPU es una oportunidad para evaluar, cada cuatro años y medio, el comportamiento de cada Estado miembro de la NU en materia de derechos humanos. Aunque este no es el primer EPU para China, la respuesta de China frente a las recomendaciones orientadas a evitar violaciones de derechos humanos en el marco de sus inversiones en el extranjero, constituye un hecho sin precedentes para China y para el mundo.
Desde principios del milenio, el Estado chino ha puesto a funcionar una potente maquinaria diplomática y financiera para capturar proyectos extractivos y de construcción de infraestructura en todo el mundo. Así, en América Latina y el Caribe (ALC), los bancos y las empresas chinas se han convertido en actores determinantes para el goce de derechos humanos de grandes grupos sociales, ya que han facilitado el financiamiento y han construido cientos de proyectos mineros, petroleros, hídricos, y de infraestructura de transporte, muchos de los cuales han causado graves daños ambientales y sociales a miles de personas.
En el marco del último EPU, China aceptó específicamente, entre otras, dos recomendaciones de las misiones diplomáticas de Ecuador y Perú, las cuales al Estado chino respectivamente a: “Promover medidas que garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructuras dentro y fuera de su territorio sean plenamente compatibles con los derechos humanos y respetuosos con el medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales, de conformidad con el derecho nacional e internacional aplicable y con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y “Considerar la posibilidad de establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero.”
“Con esto China ha aceptado que la obligación de proteger los derechos humanos no es sólo de los Estados en donde se llevan a cabo los proyectos, sino también de las compañías y empresas chinas que los ejecutan y viabilizan; pero además, el Estado chino deberá rendir cuentas al CDHNU por ello” señaló Julia Cuadros de CooperAcción (Perú). De hecho, China tendrá que informar en dos años, en su Revisión de Medio Término ante el CDHNU, los avances realizados frente a la implementación de las recomendaciones del EPU.
China también aceptó recomendaciones de Palestina, Haití, Fiji, República del Congo y Kenia, en las que se exhorta a este país a tomar en cuenta el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Principios Marco de Derechos Humanos y Negocios de la ONU y el cambio climático en las inversiones chinas en el extranjero. Para Marco Antonio Gandarillas del CEDIB (Bolivia) “Todo esto da cuenta de un clamor global que reclama a China que respete los derechos de las comunidades locales y de la naturaleza; y aún más, que desista de los grandes proyectos que solamente benefician a sus promotores.”
Aparentemente, y de acuerdo a los compromisos asumidos frente al CDHNU, China queda con la tarea de desarrollar un plan de acción para asegurar que sus compañías e inversionistas respetan los derechos de las comunidades locales y el medio ambiente. “Este compromiso no debe ser considerado una promesa de papel; al contrario, las organizaciones sociales en todo el mundo debemos tomar la palabra al Estado chino, mantenernos vigilantes y reportar a las Embajadas chinas y CDHNU cuando existan violaciones en los proyectos chinos, y exigir reparación a los derechos vulnerados de las víctimas y del ambiente” dijo María Marta Di Paola de FARN (Argentina).
El año pasado, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), en el contexto del EPU, presentó a la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con otras 17 ONGs latinoamericanas, un informe que examina 18 proyectos que cuentan con participación china en Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina. El reporte concluyó que las compañías y bancos chinos han violado sistemáticamente varios derechos protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de NU. Según Sofía Jarrín del CDES (Ecuador) y Coordinadora del CICDHA, “En colaboración con las comunidades afectadas trabajamos intensamente por más de un año recopilando información, entregándola a las misiones diplomáticas y a los medios de comunicación porque considerábamos que el EPU era una de las pocas oportunidades para lograr que los gobiernos nacionales y China se comprometan a un cambio”, y añadió que “el hecho de que las misiones diplomáticas nos hayan escuchado, y que China haya escuchado a las misiones, son sólo pasos en un largo camino para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en el contexto de las inversiones chinas.”
Sin embargo, el EPU de China también destacó graves violaciones de derechos humanos a nivel doméstico, especialmente relacionados a las minorías étnicas en Xinjiang y el Tibet, defensores de derechos humanos, y la libertad de expresión. Estos fueron los temas más observados y frente a los cuales China hizo menos compromisos. Como CICDHA “…al mismo tiempo que reconocemos este avance histórico por parte de China en el campo de sus responsabilidades extraterritoriales, también nos solidarizamos con la población china que sufre graves abusos de sus derechos. Definitivamente, no creemos en una aproximación de derechos humanos con características chinas, como ha señalado el Estado chino, al pretender dilatar sus obligaciones. Los derechos humanos son, en principio y en la práctica, universales” concluyó Caio Mota de Proteja Amazonía (Brasil).
*Comunicado publicado por El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), Proteja Amazonía (Brasil) y CooperAción en Perú.
**El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador) integra el Foro Social Panamazónico y encabeza la iniciativa de cambio COMPARTIENDO INFORMACIÓN SOBRE EMPRESAS E INVERSIONES CHINAS EN LA PANAMAZONÍA
También pueden encontrar más información en el Informe de reomendaciones de EPU de China
Si desea contactarse con los responsables de CICDHA en cada país:
Ecuador: cdes@cdes.org.ec
Bolivia: mgandarillasgonzales@gmail.com
Brasil: caiomota1@gmail.com
Argentina: pcostantini@farn.org.ar
