La Consulta Popular Nacional por la Vida nace en el seno de la sociedad boliviana indignada por los incendios, la deforestación y el ecocidio provocado en más de diez millones de hectáreas en Bolivia, con el objetivo de evitar que esta situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra se repita al año siguiente.
A partir de un proceso de auto convocatoria ciudadana cientos de organizaciones, instituciones y personas a nivel nacional nos fuimos sumando como organizadoras de la consulta, constituyéndonos en artífices de un movimiento que busca incidir propositivamente en los destinos del país, ejerciendo nuestro derecho a la participación democrática directa.
Después de décadas de desaliento, esta iniciativa constituye un hito en el que los ciudadanos decidimos recuperar la voz convergiendo en un propósito compartido como es la defensa de la vida.
De esta manera, cientos de activistas de instituciones, colectivos, sindicatos campesinos e indígenas instalamos mesas a lo largo de todo el territorio nacional, en ciudades capitales, barrios periurbanos, provincias y zonas rurales de los nueve departamentos. Fabricamos ánforas, fotocopiamos las papeletas de votación, las planillas de registro de votantes y posters informativos y nos desplazamos a pie, en bicicleta, en transporte público y particular a lugares en los que la gente esperaba para dar su voto en respuesta a la Convocatoria Popular Nacional por la Vida.
Así, entre el 7 y 16 de octubre de 2024 mujeres y hombres, adultos mayores, jóvenes y niñas/os, participaron en la Consulta en barrios, en escuelas, en universidades, en plazas, parques y mercados del campo y las ciudades, a través del voto individual y en Asambleas comunales según usos y costumbres.
Paralelamente, miles de ciudadanos autoconvocados asumimos la responsabilidad de promover y facilitar la participación virtual en la votación de un universo mayor de ciudadanos a través de un formulario electrónico.
En la consulta participaron 32.375 personas en los nueve departamentos del país, de las cuales 49% votaron a nivel presencial y 51% a nivel virtual, destacándose la participación de un 63%demujeres.
Las organizaciones que nos auto convocamos para la realización de la Consulta Popular Nacional por la Vida asumimos las siguientes determinaciones para la implementación de sus resultados:
1. Para efectivizar el mandato del 94 % de la población consultada que demanda la abrogación de las leyes y decretos incendiarios:
- Convocamos a una movilización nacional para garantizar que en la legislación 2024/2025 se abroguen dichas normas.
- Decidimos realizar un seguimiento para la aprobación de los proyectos de ley para la prevención de incendios y la deforestación.
- Exigimos que en dichos proyectos de ley se incorporen las propuestas de la organizaciones indígenas y sociales para evitar que el ecocidio y etnocidio se repita el año.
2. Para efectivizar el mandato del 85% de la población consultada que se pronuncia por la reversión de las superficies quemadas de manera ilegal en propiedades medianas o empresariales por incumplimiento de la función económica y social (FES) para su declaratoria como tierra fiscal no disponible hasta su total recuperación y restauración:
- Demandamos que hasta el primer semestre de 2025 la ABT y el INRA procedan a la reversión de las propiedades medianas y empresariales que más han quemado y deforestado ilegalmente durante los últimos cinco años provocando el cambio de uso del suelo.
- En caso de que la ABT y el INRA no cumplan con su obligación legal de verificar y sancionar el incumplimiento de la FES demandaremos a sus autoridades departamentales y nacionales por incumplimiento de deberes y daños económicos al Estado.
3. Para efectivizar el mandato del 94% de la población consultada que exige el cumplimiento de una pausa ecológica que asegure la total recuperación y restauración de toda superficie afectada por quemas ilegales e incendios:
- Demandamos al gobierno el fortalecimiento del DS N° 5225 y su aplicación sin conceder prerrogativas a intereses mezquinos de algunos sectores.
- Exigimos que las tierras fiscales disponibles afectadas por quemas e incendios ilegales sean declaradas tierras fiscales no disponibles por un periodo mínimo de 15 años revirtiéndose todo trámite de asentamiento o dotación de tierras.
- Instamos a que la pausa ecológica se garantice efectivamente de manera integral en todo tipo de propiedad, precautelando las áreas productivas para el sustento familiar, en base a acciones efectivas de protección y recuperación de las áreas afectadas.
- Demandamos que toda quema controlada en propiedades contiguas a las TCOs/TIOCs sea autorizada y supervisada por las autoridades de la TCO/TIOC y la ABT para evitar la repetición del etnocidio y ecocidio de 2024.
- Exigimos la atención inmediata a las comunidades afectadas de las TCOs/TIOCs hasta la total recuperación de sus viviendas, cultivos y fuentes de agua.
4. Para efectivizar el mandato del 91% de la población consultada que demanda alternativas sostenibles como la agroecología, agroforestería y ecoturismo; y que se garantice el derecho de los municipios, territorios indígenas y comunidades campesinas originarias a declararse libres de minería, deforestación, transgénicos, agrocombustibles y contaminación del suelo, aire y agua:
- Demandamos la construcción participativa de una Estrategia Nacional de Agroecología.
- Rechazamos la autorización de nuevos eventos transgénicos otorgados sin cumplir los procedimientos establecidos por ley, así como el D.S. 5212 que autoriza la libre importación de agrotóxicos, especialmente de los catalogados como Altamente Peligrosos y los que están prohibidos en la Unión Europea.
- Exigimos la aprobación de una ley nacional que establezca que en tierras y municipios agroecológicos y ecoturísticos se restrinja la otorgación de derechos mineros y el desarrolló de proyectos que afectan a dichos ecosistemas.
- Nos autoconvocamos a un Encuentro de Territorios y Municipios agroecológicos libres de extractivismo y ecocidio para el primer semestre de 2025.
5. Para efectivizar el mandato del 90% de la población consultada que exige el incremento del presupuesto del Sector Medio Ambiente y Agua al 10% del Presupuesto General del Estado para 2025:
- Exigimos al gobierno y la Asamblea Legislativa transparentar oportunamente, debatir abiertamente y aprobar este incremento destinado a la recuperación y restauración de los bosques y la biodiversidad, el fortalecimiento de las áreas protegidas, la atención de la crisis hídrica y el apoyo a los pueblos indígenas y población afectada por los incendios, garantizando mecanismos de participación y control social.
Si las demandas de la población no son atendidas convocaremos a un Tribunal Popular contra:
- Parlamentarios que bloquean la abrogación de las normas incendiarias y la aprobación de normas efectivas para prevenir y sancionar los incendios.
- Autoridades del INRA y la ABT por incumplimiento de deberes.
- Gobierno central y en particular el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por generar las condiciones para que se repita el ecocidio y el etnocidio.
Convocamos a toda la población a sumarse a estas acciones y a desarrollar otras iniciativas hasta forjar una Bolivia libre de incendios, deforestación, ecocidio y etnocidio.
1 de noviembre de 2024
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