Resolución de Apoyo Grupo de Trabajo «Derechos de las
y los defensores de la Amazonía»
En el marco del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), el grupo de trabajo «Derechos de las y los defensores de la Amazonía» hace un llamado urgente al respeto de las resoluciones y procesos locales liderados por las y los defensores del territorio. Exigimos que se respeten las siguientes luchas:
− Apoyamos firmemente la defensa de los territorios de la comunidad de Cahua Chico y de las demás comunidades de Zongo contra los abusos ocasionados por la minería ilegal. En particular, exigimos el respeto y cumplimiento de las resoluciones y autodeterminaciones de los pueblos indígenas de la jurisdicción de Zongo. Demandamos la aplicación de las sentencias constitucionales y de las resoluciones de la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) que condenan las actividades del empresario Óscar Bellota, quien explota ilegalmente los recursos bajo la fachada de la cooperativa minera «28 de octubre». Asimismo, denunciamos las persecuciones, amenazas y criminalización de los defensores y defensoras del territorio. Exigimos que la justicia ordinaria respete y reconozca en igualdad de condiciones las decisiones de la Jurisdicción Indígena Originaria.
− Apoyamos firmemente a las comunidades que defienden sus territorios frente a los planes del gobierno de turno para construir hidroeléctricas en ríos vivos. En particular, respaldamos a los defensores que se oponen al proyecto de la hidroeléctrica Binacional en la frontera entre Bolivia y Brasil, así como a aquellos que luchan contra la construcción de una hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, en el Beni, Bolivia y también en contra del proyecto Hidroeléctrico Chepete-El Bala.
− Exigimos el cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en lo que respecta al acceso a agua potable libre de contaminación. Exigimos una atención inmediata a las demandas de los casos específicos de las comunidades de San Antonio del Maniquí y Santa Ana del Bosque, en el Municipio de San Borja. Ambas comunidades enfrentan una grave contaminación de su fuente de agua, el río Maniquí, causada por la contaminación de mercurio, aserrín, desechos provenientes de los mataderos, animales muertos y basura. Exigimos que se prohíba y sancione a las empresas que contaminen el río Maniqui y otras fuentes de agua. Las comunidades indígenas de la Amazonía enfrentan una grave falta de acceso a agua potable, lo que afecta negativamente la salud, su alimentación y la nutrición de toda la población, especialmente de las mujeres.
− Exigimos la protección y el respeto del territorio de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (RNFFT), situado en el departamento de Tarija, Bolivia. Actualmente enfrenta invasiones de petroleras en sus territorios. Estas acciones están siendo promovidas por las empresas petroleras Petrobras Brasil y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que operan sin contar con una ficha ambiental válida. A su vez, denunciamos que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) ha permitido la manipulación del plan de manejo de la reserva para justificar las actividades de exploración y explotación petrolera.
− Exigimos el cumplimiento del decreto supremo que expropia 180.000 hectáreas para la reconstitución del territorio guaraní, liberándolos de la servidumbre. Rechazamos firmemente la asignación de tierras a los interculturales que depredan la biodiversidad del territorio, afectando la autodeterminación del pueblo guaraní de Chuquisaca.
− Apoyamos las luchas de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la Amazonía que enfrentan múltiples amenazas: persecución, la criminalización de sus defensores, las invasiones territoriales por el narcotráfico, la deforestación descontrolada, los conflictos de tierra y los asesinatos de líderes indígenas debido a los intereses del agronegocio. En particular, extendemos nuestro apoyo a los territorios indígenas brasileros que están resistiendo estas situaciones, como Urueu AuAu (Rondonia), Palmari (Amazonas), Karitianas (Rondonia), Karipunas (Rondonia), Amondawa (Rondonia), Cinta Larga (Rondonia), Kassupa (Rondonia), Puruborá (Rondonia), Wajuru (Rondonia) y Miguelenos (Rondonia).
− Exigimos que se respete lo establecido en el histórico Decreto Supremo 22611, a través del cual se declara que la región del Bosque de Chimanes pertenece a los pueblos indígenas Moxeño Trinitario, Moxeño Ignaciano, Movima, Yuracaré y Tsimane que habitan ancestralmente el Territorio Indígena Multiétnico (TIM).
− Exigimos al Estado boliviano que reaccione de manera correcta y justa, en el marco de los estándares de derechos humanos, ante avasallamientos a los territorios indígenas por parte de los interculturales.
− Exigimos al gobierno federal de Brasil y al gobierno del Estado de Pará que devuelvan a la comunidad indígena Mortigura las tierras que fueron tomadas de territorio tradicional Acuí, del municipio La Barcarena; así como al sistema de justicia de Brasil que suspenda a las autoridades de la empresa francesa minera IMERYS por los constantes crímenes sociales ambientales, por contaminación de las aguas, el aire y los daños provocados a la salud de la comunidad.
− Exigimos al Estado de Bolivia la implementación inmediata de medidas efectivas para resolver la contaminación del río Poopó, situado en el departamento de Oruro. Esta grave problemática afecta a las comunidades que dependían del río como fuente vital. Denunciamos especialmente el daño infligido a la comunidad de Antequera y a sus defensores.
− Denunciamos la contaminación causada por la empresa petrolera Petro Perú, que, con permisos del gobierno actual, está afectando gravemente a las comunidades indígenas, en especial a las comunidades de la federación ACODECOSPAT. Exigimos la reparación inmediata del daño causado con la remediación del suelo y el desalojo de la empresa de la zona afectada.
− Exigimos el respeto a los derechos de los pueblos indígenas que dependen del río Madidi como fuente de agua y demandamos el cese inmediato de cualquier actividad que contamine este recurso.
− En la región, la normativa actual no contiene la especificidad para tratar los casos particulares de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) porque están conformados bajo las demandas de los PPII ya estructurados ante el Estado. Es decir, dichas normativas para los derechos de los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial no contemplan su dramática situación y alta vulnerabilidad. Es necesario que los Estados tengan instrumentos administrativos y legales para garantizar sus derechos a su territorio y autodeterminación, y acceso a sus demandas de salud, educación y a una vida digna.
De esta forma es preciso que los Estados de la Amazonía y Gran Chaco reconozcan la existencia de los varios pueblos en aislamiento, autónomos, libres. De no ser así se los condena a repetir el etnocidio que históricamente son sometidos.
De parte de nuestros hermanos indígenas, campesinos, originarios o afrodescendientes es necesario que no vean a los PIA como un obstáculo para la obtención de sus demandas de tierra, al contrario que se sumen en la defensa de su autodeterminación de vivir en aislamiento.
