“He desarrollado mucho coraje y me he vuelto muy valiente”,afirma con vehemencia Mirtha Vásquez, abogada de la institución Grufides y defensora de Máxima Acuña ante los intentos de la minera Yanacocha de despojarla de su territorio, y de otros comuneros criminalizados en Cajamarca.
El Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas fue una actividad especial del VIII Fospa en donde se deliberó y decidió los derechos vulnerados en 6 casos emblemáticos. Este espacio busca dar visibilidad a los impactos del sistema capitalista extractivista, colonial y patriarcal en la vida de las mujeres afectadas, con la finalidad de formular un documento o carta simbólica que exija el respeto de sus derechos.
El jurado deliberador conto con la presencia de Rita Segato, docente universitaria y coordinadora del Grupo de Investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnologías de Brasil, Teresita Antazú , lideresa indígena amazónica del púebloyanesha de la selva central peruana, Lilian Celiberti, representante de la Articulación Feminista Marcosur, activista feminista y de derechos humanos y Gladys Acosta , sociologa y abogada especialista en derechos humanos, integrante del CEDAW. Dieron a conocer seis emblemáticos casos
Caso Perú, testimonio de Beatriz Caritimari:Denunció la lamentable consulta del gobierno hacia su comunidad frente a las empresas transnacionales impulsadoras del megaproyecto para construir la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos, sin consulta previa y con un informe negativo de impacto ambiental. La obra afectaría los territorios de 14 distritos y 6 provincias; dañando la biodiversidad, deforestando y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades. En ese contexto, las mujeres resultan expuestas a mayor violencia sexual, trata, embarazos forzados y se ven privadas de sus medios de vida.
Caso Brasil, testimonio de Daniela Silva: Presentó la resistencia de las mujeres a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingú, región de Altamira, estado de Pará. Ellas fueron las primeras en insurgir contra el megaproyecto desde 1970 y posteriormente en el 2009 y hacia adelante, denunciando sus gravísimos impactos socioambientales. El proyecto que evidenció la corrupción entre empresas constructoras y gobierno y se inauguró en el 2016, ha desplazado a miles de familias de sus territorios, generado exterminio cultural, destruido ecosistemas y modos de vida tradicionales, e incrementado las violencias hacia las mujeres, como prostitución y explotación sexual de niñas y adolescentes.
Caso Ecuador: Mujeres y niñas fueron desplazadas de sus comunidades Shuar por las fuerzas policiales el año pasado para favorecer en sus territorios la explotación minera a cielo abierto de la empresa San Carlos Panantza, filial de la compañía china TonglingNonferrous Metal Groups y CRCC. Una representante del Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador comentó sobre esta militarización de la Amazonía para abrir paso a mega proyectos extractivos, y los impactos en las vidas de las mujeres y comunidades.
Caso Chile, testimonio de Lorenza Cayuhan:Mujer perteneciente a la comunidad mapuche Ahuidanche, fue obligada a dar a luz en un centro público de salud con los tobillos engrillados a la camilla y ante la presencia de dos gendarmes, siendo víctima de hechos que Naciones Unidas considera tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes.
Ella estaba detenida en un penal desde setiembre del año pasado y en octubre es trasladada al hospital para una cesárea. Los gendarmes vieron como era desnudada para los exámenes y uno de ellos se quedó en la operación. Lo vivido por Lorenza fue un atentado a su dignidad, integridad y derechos reproductivos y se presentará en el Tribunal por una compañera de su comunidad.
En conclusión, de las presentaciones de los casos, el tribunal destacó dos aspectos y metas, las cuales son las siguientes:
- La tipificación de las afectaciones ocasionadas por las acciones perpetradas y detalladas por las mujeres que brindaron sus testimonios, con la intención de que la ley -por la acción directa de los operadores del derecho en los diversos estados- y la justicia –por la evaluación y sanción de la propia opinión pública- alcance a sus responsables y sean capaces de prevenir la repetición de tales actos.
- La ilustración y esclarecimiento de la sociedad sobre las consecuencias y significados de las acciones juzgadas por este tribunal. En este sentido, el tribunal pretende gritar a los cuatro vientos lo que ha entendido, que no es otra cosa que el papel central de las mujeres en la preservación de la vida de los pueblos y de las condiciones de existencia de la especie misma.
