Tarapoto.- A un año del impune asesinato de Berta Cáceres Flores, lideresa de la comunidad indígena lenca, defensora de los derechos de las mujeres y de los territorios, continúa el asedio al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que contribuyó a fundar con la finalidad de que sea un referente unitario del movimiento popular y de la lucha en defensa del medio ambiente.
Lilian Esperanza López, integrante de la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ya se encuentra en esta ciudad para participar en el Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas Andinas que se realizará los días 29 y 30 de abril de 6.00pm a 9.00pm como parte de las actividades del VIII FOSPA.
Ella presentará uno de los casos emblemáticos. Es el de Berta Cáceres, su compañera de luchas en la organización, asesinada hace más de un año sin que hasta la fecha el sistema judicial hondureño haga justicia. Por el contrario, diferentes y sospechosos hechos vienen dilatando el proceso. Por ejemplo, la pérdida del expediente y sucesivas suspensiones de audiencia.
Lilian Esperanza indicó que antes y después de este crimen, el COPINH vive persecución política y judicial mediante amenazas persistentes a la dirigencia, envío de sicarios entre otros episodios intimidantes.
Y remarcó que esta violencia es diferenciada cuando se trata de las mujeres. “Ellas reciben acoso permanente en su vida privada y en espacios públicos. Para los militares somos presa fácil para violentar nuestros derechos”, dijo.
Ella misma ha sufrido el acoso judicial en un intento por desprestigiar su liderazgo y debilitar a su organización.
Múltiples formas de violencia hacia defensoras de los derechos de las mujeres y de los territorios se ejercen en la región de la panamazonía, pese a lo cual siguen impunes. Esta situación se corregirá de manera simbólica con Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas Andinas.
En el caso concreto de Berta Cáceres se conocerá el estado del proceso judicial y cómo se acusa únicamente a los autores materiales del asesinato, dejando de lado la responsabilidad de quienes lo planearon.
Lilian Esperanza López considera que los responsables intelectuales son la empresa DESA que pretende la construcción de la represa de Agua Zarca violando sus derechos al territorio, y el Estado que vende los bienes de la naturaleza que constituyen la fuente de vida en las comunidades.