Precisamente, un eje temático de este foro fue la lucha de la mujer campesina contra la actividad extractiva (principalmente, minera, petrolera y forestal) que muchas veces actúa en desfavor del desarrollo de los pueblos amazónicos y sus costumbres ancestrales, contaminando sus lagos, ríos o depredando sus bosques.

El caso de Bárbara Chávez de Guevara, miembro de la Central de Rondas Femeninas de Cajamarca, ilustra el esfuerzo de la mujer campesina por defender las lagunas del distrito de Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, de la supuesta contaminación por parte de la minera Yanacocha. Según menciona, sus campos de cultivo de maíz, papa, cebada y hortalizas se han visto perjudicados por la contaminación de los ríos Tingo Maygasbamba y Arascorgue. Producto de esto, sus plantas no desarrollan como antes por lo que la productividad es menor, y ocasiona que sus ventas sea menor en el mercado de Bambamarca; además de las manchas en el cuerpo y el dolor estomacal que la contaminación le ha producido.

«Además, la policía nos minimiza y nos golpea cada vez que queremos asistir a nuestra asamblea ubicada cerca a la laguna El Perol. De esta forma nos prohíbe nuestro derecho a protestar contra la contaminación de Yanacocha, pues no solo nos maltratan, sino también patean nuestras ollas de comida que preparamos para las rondas», manifiesta indignada Bárbara Chávez, a la vez que solicita al presidente de la República: «Suplico al Presidente y a las autoridades, velar por el derecho de los pueblos de proteger el agua y la tierra donde viven, pues hasta el momento la minería solo nos ha hecho daño».

Asimismo, la Madre Naturaleza representa para las comunidades nativas no solo la fuente de vida, sino además el lugar en donde se genera los ingresos económicos para la alimentación y la educación de los hijos. Si la Madre Naturaleza se ve mermada y destruida, sumado al insuficiente apoyo del Estado, el resultado es la pobreza y la pérdida contínua de las lenguas y costumbres nativas. «La naturaleza es la madre de nosotros y, además, es el mercado del cual nuestra comunidad vive y se sustenta. Pero, si los ríos están contaminados y nuestros árboles deforestados, la producción disminuye y, en consecuencia, el costo de los productos baja. Por ejemplo, el cacao lo estamos vendiendo a 2 soles el kilo, y el plátano a 5 soles el ciento. Lo que no nos alcanza para educar a nuestros hijos en un instituto o universidad», menciona Georgina Rivera Paz, lideresa del Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP), en Amazonas.

Por otro lado, el ingreso del capital extranjero y nacional en la selva ha generado cambios en los modos culturales de las comunidades. Muchas de éstas se han visto perjudicadas al perder continuamente sus lenguas maternas y costumbres antiguas. Frente a esto, los abuelos y padres de familia, para proteger su cultura, sabiamente enseñan a los niños y jóvenes sus leyendas y creencias. «El capital extranjero no solo destruye nuestros bosques y contamina nuestros ríos, sino además afecta nuestras costumbres ancestrales, ya que menos pobladores wanpis usan nuestra vestimenta típica o hablan nuestra lengua nativa. Cuando llegan a la escuela hablan ya el castelllano y solo lo hacen en los hogares porque muchos de ellos se avergüenzan. La misma situación se agudiza ya de grandes y en los centros superiores», expresa Georgina Hinojosa Navarro, miembro de la comunidad wanpi Puerto Galilea Río Santiago, de Amazonas.

Por esta razón, Aníbal Encinas García, presidente de la comunidad San Juan de Morona-Datem del Marañón, en Loreto, habla sobre la creación de centros de estudios superiores que cuenten con una estrecha relación con la realidad de los pueblos amazónicos. «Necesitamos crear institutos y universidades cuyos docentes sepan sobre nuestra realidad y conozcan nuestros idiomas, para que a partir de allí se aproveche el conocimiento que tenemos en beneficio de las comunidades», señala.

TRIBUNAL DE MUJERES

Como parte de un acto simbólico, se realizó un Tribunal ético que estuvo conformado por las juezas Rita Laura Segato (perita en el juicio de Guatemala a miembros del Ejército por los delitos de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres mayas de la etnia q’eqchi), Gladys Acosta Vargas (socióloga y abogada especialista en derechos humanos), Lilian Celiberti (representante de la Articulación Feminista Marcosur) y Teresa Antazú López (lideresa indígena amazónica del pueblo yanesha de la selva central peruana). Ellas escucharon, debatieron y sentenciaron los casos de abusos contra mujeres y comunidades acometidos por el Estado y proyectos extractivistas en el Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Honduras.

En el asunto peruano se analizaron los casos de Máxima Acuña y el Proyecto de construcción de la línea de transmisión de Moyobamba a Iquitos.

En el primer caso, como se recuerda, Máxima Acuña tenía un litigio con la minera Yanacocha, debido a que ésta presumía que Acuña había cometido el delito de usurpación ilegal de terrenos en la zona conocida como Tragadero Grande, ubicada en la comunidad de Sorochuco, región de Cajamarca. Lo cual, recientemente, ha sido desmentido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.

Las juezas dictaminaron, en el caso de Máxima Acuña, que el Estado peruano se adscriba a la medida cautelar que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “que garantiza la integridad y reconoce los derechos comunales sobre la tierra”.

En el segundo caso sostuvieron que se trata de un proyecto “elaborado e implementado sin la realización de la consulta previa, amparándose en una interpretación tendenciosa de la ley que exonera a los servicios públicos de ese procedimiento.”

DESAFÍOS Y CONCLUSIONES DEL FORO

Tras los intensos debates que sostuvieron los líderes indígenas, investigadores y autoridades involucradas en el cuidado y protección del medio ambiente amazónico se arribó a importantes conclusiones y desafíos , los cuales se detallan algunos de ellos a continuación: